Lima, 1 abr (EFE).- La congresista peruana Martha Moyano confirmó este martes que pidió cerrar la puerta principal del Parlamento el 7 de diciembre de 2022 para proteger el edificio, tras el anuncio del entonces mandatario Pedro Castillo en el que ordenaba su cierre, un mensaje catalogado de golpista y por el que es acusado de rebelión.
Durante el interrogatorio en el juicio contra Castillo por el delito de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022, Moyano explicó que ese día, siendo vicepresidenta del Congreso, dispuso que “la seguridad particular del Congreso cierre esas rejas, porque entendía que iban a entrar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
Añadió que la intención del cierre del edificio era “salvaguardar la integridad del palacio legislativo”, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras del Palacio de Gobierno.
La parlamentaria fujimorista aclaró que la seguridad interna del Congreso depende de la mesa directiva y que ella estaba en el Parlamento cuando Castillo dio su mensaje a la nación en el que anunció el cierre del Poder Legislativo, la intervención de los órganos de justicia y la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
A continuación, Moyano dijo que llamó al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para saber cuáles eran “sus decisiones respecto al anuncio” de Castillo.
Le preguntó si estaba con la Constitución y Alfaro, según su relato, le respondió: “Sí”.
“Igual, le preguntaron a los comandantes de las Fuerzas Armadas”, indicó Moyano y que su respuesta fue similar.
Después de esas llamadas hechas por Moyano y el entonces presidente del Congreso, José Williams, la diputada dijo que entendieron que las Fuerzas Armadas y la Policía “no acataron el golpe” anunciado por Castillo.
Moyano reiteró que Williams convocó a una sesión plenaria excepcional en la que se votó la vacancia o destitución de Castillo por flagrancia en el delito de rebelión.
La decisión recibió 102 votos de los parlamentarios, de los 87 requeridos, y minutos después el expresidente fue detenido por su escolta cuando se dirigía, con su familia, a la Embajada de México en Lima.
Durante la audiencia, Castillo fue autorizado por la sala a acudir a una cita médica, programada semanas después de haber hecho una huelga de hambre en protesta contra el juicio abierto en su contra por el fallido intento de golpe por el que enfrenta una petición fiscal de 34 años de cárcel.