Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- Un grupo de 38 congresistas demócratas instaron este jueves al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a reconsiderar la cancelación del estatus legal de una pequeña mexicana de cuatro años que recibe tratamiento vital en Estados Unidos y se expone a ser deportada junto con su familia.
En una misiva dirigida a la secretaria del DHS, Kristin Noem, a intervenir en el caso de Sofía, como ha sido identificada la pequeña, que sufre del síndrome del intestino corto, una afección potencialmente mortal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes, y que no pudo ser tratado con éxito en México.
La niña y sus padres pudieron ingresar a EE.UU. en julio de 2023 gracias a un permiso de entrada humanitaria de emergencia para que ella recibiera el tratamiento médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos en el país que trata esta afección en niños pequeños.
Sin embargo, en abril pasado el DHS, en inglés informó a sus padres de que el permiso había sido revocado y debían abandonar el país.
“Les instamos a reconsiderar la cancelación del estatus legal de S.G.V. (Sofía) y su familia, ya que los médicos afirman que podría morir en cuestión de días sin tratamiento”, escribieron los legisladores, encabezados por los senadores por California Alex Padilla y Adam Smith.
Las probabilidades de que Sofía reciba la atención que necesita en México son prácticamente “imposibles”, han dicho los abogados de Public Counsel, que representan a la niña y pidieron la intervención de los congresistas.
Los médicos del Hospital Infantil de Los Ángeles han declarado que Sofía moriría en cuestión de días sin su tratamiento actual.
“Creemos que la situación de esta familia claramente justifica la necesidad de ayuda humanitaria e instamos a usted y a esta Administración a reconsiderar su decisión”, escribieron los legisladores en su pedido.
Los demócratas instaron a Noem a dar una respuesta “inmediata” y una decisión “rápida” para extender el estatus legal de la familia que reside en Bakersfield (California).
A la madre de Sofía, Deysi Vargas, también se le notificó que su permiso de trabajo fue cancelado, lo que significa que la familia no tiene medios para pagar las cuentas médicas y el desplazamiento continúo hasta Los Ángeles.
“Quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días es una cruel traición a la palabra de nuestra nación y una afrenta a nuestra humanidad compartida”, dijo Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel y abogada de la familia en un comunicado.
