Lima, 9 jul (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este miércoles, en segunda votación, una ley de amnistía para militares y policías con denuncias, juicios o sentencias por delitos cometidos durante el conflicto interno, que asoló el país andino entre 1980 y 2000.
Con 16 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, la Comisión Permanente ratificó la primera votación realizada en junio pasado y quedó lista para su promulgación por parte del Ejecutivo, a pesar de la controversia por el alto número de militares y policías procesados por presuntos abusos a los derechos humanos cometidos en los años del combate al terrorismo.
El autor del dictamen aprobado por el Legislativo es el parlamentario Jorge Montoya, un exjefe de las Fuerzas Armadas que pertenece a la bancada ultraconvervadora de Honor y Democracia, y el encargado de sustentarlo ante el pleno fue el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi.
La nueva norma plantea conceder la amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad y de comités comunales de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Durante la primera votación, Rospigliosi sostuvo que se propone amnistiar a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
La ley no será aplicable «a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes».
Mientras que legisladores de derecha defendieron la medida por considerar que los militares y policías son sometidos a una «persecución», representantes de izquierda rechazaron un proyecto que aseguraron que generará impunidad.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de abusos durante el conflicto interno, comentó, tras la aprobación de la ley de amnistía, que esta norma «borra décadas de lucha por justicia y verdad».
Más de 150 condenas y 600 procesos por graves violaciones a los derechos humanos «están en riesgo», apuntó.
Remarcó que «esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de derechos humanos, no a la democracia».
La CNDDHH recordó que en las últimas décadas se sancionó a los integrantes del grupo militar encubierto Colina, responsables de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, casos por los cuales el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado por abusos a los derechos humanos.
También el exministro Daniel Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y el exmilitar Telmo Hurtado sentenciado por la matanza de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, entre ellas 22 niños.
«Con la entrada en vigencia de esta ley, todos ellos podrían quedar en libertad», advirtió la CNDDHH en un comunicado compartido en su cuenta de X.