Lima, 17 sep (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este miércoles el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por hasta 6.155 dólares, al respaldar un dictamen de la comisión de Economía, después de que la mandataria peruana, Dina Boluarte, dio su apoyo a esa medida y que una marcha de jóvenes exigió la derogatoria de la nueva ley de pensiones el sábado pasado.
El pleno del Parlamento extendió su agenda para debatir y votar este miércoles el dictamen, que había sido impulsado por varios grupos conservadores en el Congreso y que recibió el respaldo definitivo de Boluarte el pasado fin de semana, después de la negativa inicial de varios de sus ministros.
En ese sentido, los legisladores aprobaron la propuesta con 110 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, y de la misma forma dieron el beneplácito a la exoneración de la segunda votación, con lo cual la norma queda lista para su promulgación por parte del Ejecutivo.
El discurso recurrente de los parlamentarios en el debate era que «las AFP fracasaron» en el país debido que la mayoría de sus afiliados, al llegar a la edad de jubilación, han preferido retirar el 95,5 % de sus fondos, pues el capital que habían acumulado no era suficiente para recibir una pensión adecuada.
A esa situación se sumó, en la pandemia de 2020, la aprobación del retiro parcial de fondos para todos sus afiliados, que se ha repetido en siete ocasiones y ha generado que 2,3 millones de personas se hayan quedado sin dinero en su fondo acumulado.
Con el octavo retiro, unos 8,6 millones de afiliados perderán la opción de tener una pensión de jubilación a futuro, pues sus cuentas se quedarán en cero, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
Uno de los principales promotores del retiro de fondos, el legislador José Luna Gálvez, del partido de centroderecha Podemos Perú, defendió que los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir que cuando se jubilen puedan tener una pensión o retirar todo su fondo e invertir ese dinero, una alternativa que se había eliminado en la nueva ley de pensiones.
Luna criticó la nueva norma, cuyo reglamento ya ha sido aprobado por el Ejecutivo, porque «está hecha para evitar cualquier salida de dinero de las AFP» y además contiene «errores garrafales», como presuntamente exigir que los independientes se afilien y aporten un 2 % de sus ingresos.
Exigen derogatoria de ley de pensiones
A su vez, la legisladora Ruth Luque, de la izquierdista Bancada Bloque Democrático Popular, rechazó que el pleno está planteando «parches» con el retiro parcial de fondos de las AFP, cuando lo que se necesita es » la derogatoria de esta ley» de pensiones.
Luque criticó que el dictamen que se debatió no incluya una modificación sobre la pensión mínima establecida en la nueva ley, como tampoco sobre el aumento de los años para acceder a la jubilación adelantada, a los 55 años de edad, cinco más que en la anterior norma.
Sin embargo, la legisladora Patricia Juárez, del fujimorista Fuerza Popular, uno de los impulsores de la nueva ley de pensiones, dijo que «esta reforma tiene que preservarse, seguramente mejorar, pero esta reforma es importante» porque abre la competencia, crea una comisión por productividad y una pensión mínima que no existía.
El texto aprobado este miércoles permite que los afiliados que deseen retirar esa cantidad de su fondo privado de pensiones deben hacer su solicitud, dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación y los desembolsos se realizarán en cuotas cada 30 días, tal como ocurrió en los siete retiros previos.
El ministro de Economía precisó que un octavo retiro de fondos «implicará la salida de 26.320 millones de soles (7.500 millones de dólares) equivalente a 22,7 % de los fondos de pensiones».
El Gobierno cambió de postura sobre este octavo retiro de fondos privados de pensiones ante la ola de críticas y protestas generada por la reforma del sistema de pensiones, que contempla una pensión mínima de 600 soles (172 dólares) con 20 años de aportes a la que no accederán quienes hayan efectuado retiros adelantados de sus fondos, además de impedir a los menores de 40 años retirar el 95,5 % del fondo al llegar al cumplir 65 años, y de obligar a los trabajadores independientes a aportar un 2 % de sus ingresos desde 2028.
