Lima, 29 sep (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este lunes un informe que plantea acusar al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de dos delitos de corrupción durante su gestión, con lo que el documento quedó listo para ser llevado a debate y votación del pleno legislativo.
La decisión fue tomada con 15 votos a favor y 3 en contra de los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento, que preside el legislador conservador José Jerí.
El informe, que fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, recomienda acusar a Vizcarra por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal en agravio del Estado.
Esto por presuntamente «haberse interesado indebidamente en forma directa» en la designación de Daniel Soria como procurador general (abogado que representa los derechos del Estado) a pesar de que este supuestamente no cumplía con los requisitos legales para el cargo.
Denuncia presentada por ex fiscal general destituida
El Congreso detalló que la denuncia constitucional había sido presentada por la ex fiscal general Patricia Benavides, quien fue destituida el año pasado del cargo y es investigada como la presunta líder de una red criminal en el Ministerio Público.
Benavides también incluyó en su denuncia a la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Teresa Revilla.
La exministra intervino, de manera telemática, en la sesión legislativa de este lunes y señaló que las acusaciones «carecen de sustento», ya que la trayectoria de Soria demuestra que cuenta «con todas las credenciales» para ejercer la defensa jurídica y constitucional del Estado.
«Las imputaciones no tienen base constitucional ni legal», enfatizó antes de solicitar que se archive la denuncia.
Sin embargo, Camones pidió a la comisión que apruebe el informe final y, luego de que esto sucediera, se acordó designarla como la ponente de la acusación ante el pleno.
El presidente del Congreso señaló, por su parte, que Vizcarra fue notificado para que ejerza su derecho de defensa pero no presentó «ningún documento sobre su asistencia» a la sesión, por lo que se decidió seguir con el trámite.
Vizcarra afronta otro juicio y ha sido inhabilitado
Vizcarra permaneció en prisión preventiva durante tres semanas, hasta el pasado 4 de septiembre, luego de que se anulase una orden judicial emitida como parte del juicio oral que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.
El exmandatario denunció que es un «perseguido político» y «víctima de abusos» por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y las fuerzas que la apoyan en el Congreso, aunque aseguró que abandonó la cárcel «fortalecido» por haber «resistido con estoicismo» su reclusión.
Vizcarra es acusado de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión, ya que lo acusa de haber recibido 2,4 millones de soles (679.000 dólares) en sobornos para adjudicar obras de irrigación y de un hospital en Moquegua.
Aunque el Congreso también lo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años, figura en varias encuestas entre las primeras opciones en intención de voto ciudadano para las elecciones presidenciales peruanas de 2026.
Por ese motivo, ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el objetivo de intentar revertir la sanción en su contra y poder postular en los comicios del próximo año.
