Lima, 14 ago (EFE).- La masacre de Accomarca, uno de los episodios más brutales del conflicto armado interno de Perú (1980-2000), donde 69 personas fueron asesinadas por el Ejército peruano, cumplió este jueves 40 años, con conmemoraciones marcadas por la entrada en vigencia de la amnistía promulgada en la víspera para policías y militares involucrados en delitos cometidos durante esta época de violencia extrema.
En Accomarca, una remota comunidad campesina de los Andes peruanos donde el 14 de agosto de 1985 una patrulla militar se convirtió en un escuadrón de la muerte que buscó arrasar con toda su población, los familiares de las víctimas realizaron una romería y una misa en honor a sus seres queridos.
La comunidad se ubica en la sureña región andina de Ayacucho, la más golpeada por la violencia del grupo subversivo de ideología maoísta Sendero Luminoso, que también perpetró numerosas matanzas tanto en este departamento como en otras zonas vecinas.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que la patrulla militar al mando del subteniente Telmo Hurtado ejecutó a un total de 69 habitantes de Accomarca, entre ellos 23 niñas y niños, tras someterlos a golpes y posiblemente violaciones sexuales en el caso de las mujeres.
Tras las ejecuciones, los militares hicieron estallar con granadas el lugar donde se apilaban los cadáveres y lo incendiaron con la finalidad de que pareciese una acción de Sendero Luminoso, para luego buscar a posibles testigos que estuvieron escondidos en zonas aledañas y proceder también a ejecutarlos.
Un silencio «que no era paz»
«Sus vidas fueron arrancadas de este mundo con una violación que ningún ser humano debería presenciar. Recuerdo el silencio que quedó, que no era paz sino miedo. Caminábamos entre las cenizas buscando con desesperación algún signo de vida», relató este jueves Celestino Baldeón, uno de los parientes de las víctimas, en un acto público organizado en Lima por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
«Lo que encontramos fueron restos que tuvimos que enterrar apresuradamente, sin despidos justos, pero con una promesa de que algún día el mundo sabrá lo que pasó en Accomarca», añadió.
Baldeón señaló que «fueron años de sentir que el Estado no nos escuchaba, que la justicia nos daba la espalda y la impunidad se imponía», pero «gracias a la perseverancia de la comunidad, logramos abrir caminos en medio de este silencio».
«Han pasado 4 décadas y hoy podemos decir que logramos lo que queríamos. Algunos de los responsables fueron juzgados y condenados, y nuestros muertos recibieron un entierro digno y que el Estado reconozca públicamente los crímenes y se comprometa a que nunca más se repitan», concluyó.
El juicio oral comenzó en 2005 y concluyó en 2016 con una condena de 24 años de cárcel para Hurtado y también para el subteniente Juan Rivera Rondón, y de 25 años de prisión para el general Wilfredo Mori por haber dado la orden de la operación y el posterior ocultamiento de los hechos.
Contra mecanismos de impunidad
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), aseguró que Accomarca es un ejemplo de «cómo es posible alcanzar justicia cuando te consideran que no eres nadie en este país».
«Es un magnífico ejemplo del papel que ha tenido el sistema de justicia respecto a los crímenes contra derechos humanos en Perú. Todos los mecanismos de impunidad habidos y por haber desde los años 80, Accomarca los ha pasado y los ha superado», recordó Rivera.
El abogado comentó que se logró condenar a sus responsables pese a que inicialmente la justicia militar y la ordinaria dejaron impunes los crímenes, y pese a una amnistía decretada durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) que posteriormente fue anulada.
Un día «triplemente doloroso»
A su vez, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, manifestó que este jueves es un día «triplemente doloroso para los familiares de las víctimas de centenares de casos de graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron hermanos y hermanas durante el conflicto armado interno».
Pariona reafirmó la condena de la CNDDHH a la amnistía promulgada el miércoles en el Palacio de Gobierno de Lima por la presidenta, Dina Boluarte, en un acto donde estuvo arropada por militares y policías, algunos de ellos inmersos en procesos de violaciones de derechos humanos o que ya cumplieron condena por ellos.
«Esa presentación de manera alegórica y burlesca de la Justicia no borra la memoria ni la verdad como parte de la historia y de este pasado reciente que vivió nuestro país. Es un grave retroceso para la justicia de nuestro país y totalmente incompatible con el derecho internacional y la convención de derechos humanos», enfatizó Pariona.
