Ciudad de Panamá, 16 may (EFE).- El consorcio para construir el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, integrado por dos empresas chinas, pidió este viernes a la “fuerza laboral panameña” reincorporarse a los puestos de trabajo, en medio de una huelga obrera que se cumple desde hace semanas para protestar contra varias iniciativas del Gobierno.
El consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), compuesto por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, exhortó en un comunicado a “toda la fuerza laboral panameña -personal operativo, divisiones técnicas y subcontratistas- a retomar sus funciones a la brevedad”.
El comunicado agrega que el retorno a la actividad laboral es para cumplir “con los protocolos de seguridad, la disciplina laboral y el nivel de compromiso que demanda una infraestructura de esta magnitud”.
El consorcio chino “de forma absoluta, respeta la decisión individual de cada trabajador de presentarse o no a laborar, sin coacción alguna”, pero “al mismo tiempo que reafirma su derecho, como contratista del Estado, de continuar con el desarrollo del proyecto conforme a lo establecido en la normativa legal vigente”.
Señalan que “el trabajo es un derecho humano fundamental que CPCP (consorcio) defiende y promueve, al igual que el respeto a la legislación laboral panameña, los convenios colectivos y los derechos adquiridos de todos los trabajadores”.
El cuarto puente sobre el canal aliviará el congestionado tráfico de la capital panameña agilizando, según los cálculos gubernamentales, el movimiento diario de 70.000 vehículos y beneficiando a 1,7 millones de personas. El Gobierno de José Raúl Mulino ha pedido apurar la obra, que lleva un retraso de al menos cinco años.
El proyecto original, con coste de 1.420 millones de dólares y que incluía el paso de vehículos y de la línea 3 del Metro, fue adjudicado en 2018 al consorcio chino por el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) y debía estar listo en cinco años (2023) pero ahora las proyecciones indican que será culminado en 2028.
Algunos sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida para pedir al Gobierno la derogatoria de una reforma a la seguridad social que consideran neoliberal. Se han sumado escalonadamente el sindicado de la construcción, Suntracs, -considerado el más poderoso del país- y también el de la industria bananera, así como grupos indígenas.
También protestan contra un polémico acuerdo de seguridad entre EE.UU. y Panamá, firmado en medio de la crisis por las intenciones de Donald Trump de “recuperar” el Canal, y contra la minería.
Hay a diario protestas callejeras en la capital y algunas otras ciudades. Los manifestantes obstruyen parcialmente la vía Interamericana, la principal del país y vital para el comercio regional, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantenerla despejada.
Así, se registran duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con epicentro en Veraguas (Oeste) y Bocas del Toro (Caribe), dos de las diez provincias de Panamá. Pero en Bocas del Toro, una de las principales zonas turísticas del país, la situación es más grave con la industria bananera paralizada.
El Gobierno ha avanzado en los diálogos con el sindicato bananero pero ya la transnacional Chiquita registra pérdidas millonarias, ante lo cual anunció el cierre definitivo de una finca y una empacadora y trasladó a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.
