Madrid, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada.
Según el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, el Real Decreto-Ley 10/2025 publicado el pasado día 23, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, incluye en su artículo 4 la prohibición de publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el pasado viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.
Asimismo, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, publicó en julio un informe que indicaba que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y algunas estarían también operando en España, añade el Ministerio de Consumo.
«Los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional y, como recoge el informe de Albanese, en base a ello en Países Bajos la Fiscalía está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales», sostiene el Ministerio en su comunicado.
Por ello, la Dirección General de Consumo investigará a las empresas «que estarían aprovechándose de esta ocupación» pues considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”.
Con este anuncio, Bustinduy avanza para garantizar que “cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente”, añade el comunicado, que recuerda que el ministro ya avanzó en julio que su departamento iba a «poner todos los recursos necesarios para que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino».
El decreto ley consolidó jurídicamente el embargo de armas a Israel e incluyó un paquete de medidas que implican a varios ministerios, a través de iniciativas como la denegación de la entrada en el espacio aéreo a aeronaves que transporten material de defensa con destino a Israel hasta el refuerzo del apoyo que presta España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Tras conocerse ese informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la empresa ACS aclaró su desvinculación con los asentamientos israelíes y pidió a la ONU ser eliminada del listado, mientras que la ingeniera pública Ineco anunció que se planteaba incluso evaluar las implicaciones jurídicas que tendría cancelar de forman anticipada sus contratos vigentes en Israel, todos anteriores a 2023.
