Seúl, 29 abr (EFE).- El Gobierno norcoreano continuó ejerciendo un control total sobre todos los aspectos de la vida del país, restringiendo la libertad de expresión, el acceso a la información y la libre circulación, según denunció el informe anual de Amnistía Internacional (AI) este martes.
“Miles de personas, incluyendo aquellas acusadas de disidencia o de intentar huir del país, fueron detenidas en campos de prisioneros. Los prisioneros fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Se reportaron ejecuciones públicas”, señaló la organización.
Según AI, el trabajo forzoso siguió siendo utilizado sistemáticamente “como una forma de control y para mantener la economía en marcha”, además el acceso a alimentos empeoró, mientras que su líder, Kim Jong-un, siguió rechazando ayuda internacional.
Según la organización, las graves lluvias e inundaciones del pasado julio destruyeron miles de hogares y dejaron hasta 1.500 muertos o desaparecidos.
Con respecto a las relaciones diplomáticas con Corea del Sur, estas se volvieron más tensas en el último año y el acceso a la información por parte de los ciudadanos permanece completamente restringido.
Pena de muerte
La pena de muerte se impuso por una amplia gama de delitos, incluidos el intento de deserción, el acceso a medios de comunicación extranjeros y las críticas al gobierno.
Hasta ahora, se desconocía el alcance de su uso, pero informes de personas que habían huido del país y de organizaciones de derechos humanos con sede en Corea del Sur sugieren que las ejecuciones son comunes.
Según informes no confirmados, hasta 30 funcionarios estatales fueron ejecutados por corrupción e incumplimiento del deber en relación con las inundaciones generalizadas de julio.
Desnutrición
La escasez de alimentos empeoró debido a la sequía prolongada y las inundaciones generalizadas que dañaron los cultivos y la infraestructura agrícola en Pionyang del Norte.
Según informes de prensa, la crisis alimentaria se vio agravada por la continua incapacidad del gobierno para reformar el sistema centralizado de distribución de alimentos, su priorización del suministro de alimentos para las élites militares y políticas sobre la población civil, y las sanciones internacionales.
Según la ONU, se estima que 10,7 millones de personas, o más del 40% de la población, sufren desnutrición, que afecta especialmente a niños y ancianos en zonas rurales.
