Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- El partido correísta Revolución Ciudadana aseguró este lunes que realizará «todas las acciones de fiscalización» para evitar que se usen recursos públicos en la marcha que encabezará este martes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendiera provisionalmente varios artículos de leyes promovidas por él.
«Con un historial de uso de recursos públicos en beneficio del partido de Gobierno, desde la Bancada Ciudadana anunciamos que ejerceremos todas las acciones de fiscalización para impedir que se destinen los bienes de los ecuatorianos a alimentar egos personales», dijo el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en un comunicado.
El correísmo, que es la principal fuerza de oposición en Ecuador, señaló que la movilización popular, la toma de las calles y la defensa de la democracia y los derechos «siempre han nacido de las causas justas», pero que «ninguna de esas razones inspira la convocatoria hecha por el presidente Daniel Noboa».
El mandatario anunció el pasado miércoles que encabezaría una protesta «pacífica» hacia la Corte, ya que no podían permitir que «nueve personas entronadas», en referencia a los jueces constitucionales, les «tiren abajo» las leyes que «pueden dar seguridad» a la ciudadanía, un mensaje que repitió en cada una de las apariciones públicas que hizo durante la semana.
Sus principales ministros, como el de Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y la de Gobierno, Zaida Rovira, también han criticado a los jueces del tribunal constitucional, denominándolos incluso como «enemigos de la ciudadanía».
Dos días antes, la Corte Constitucional había suspendido de manera temporal los efectos de varios artículos de las leyes de Inteligencia, de Solidaridad y de Integridad Pública, presentadas por Noboa a la Asamblea Nacional (Parlamento) en calidad de urgente.
Entre esos artículos se encuentran los más controvertidos de la Ley Orgánica de Inteligencia que señalan que los agentes de inteligencia encubiertos pueden adquirir identidades falsas y que el sistema nacional de inteligencia puede requerir información a las empresas telefónicas y datos a otras entidades, así como disponer de fondos sin cumplir la ley de contratación pública.
De la Ley de Solidaridad Nacional, cuyo propósito inicial era obtener mayores recursos para el combate de las fuerzas del orden contra el crimen organizado, la Corte suspendió provisionalmente el artículo que otorgaba a Noboa la prerrogativa del «indulto anticipado» a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno» que el mandatario declaró contra las bandas criminales a inicios de 2024, y otros más.
Estas leyes fueron rechazadas por organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y por sindicatos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.
El correísmo denominó a esas normativas como «autoritarias e inconstitucionales» y aseguró que la reacción del Gobierno había sido de «amenazas, mentiras y ataques» contra la Corte Constitucional.
