Quito, 3 oct (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias del país donde el presidente Daniel Noboa había decretado esta medida frente a las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
El alto tribunal declaró inconstitucional el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas al no verificarse los hechos que fundamenten la declaratoria.
En cambio, sí lo admitió en las regiones de Carchi, fronteriza con Colombia; e Imbabura, esta última considerada el epicentro de las protestas por el paro, al sí valorar que existe una «grave conmoción interna».
La Corte también declaró la constitucionalidad de la medida de limitación del derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias de Carchi e Imbabura, «en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica».
No obstante, rechazó el toque de queda que regía desde las 22.00 hora local (3.00 GMT) hasta las 5.00 hora local (10.00 GMT).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este estado de excepción apenas unos días después de que anunciara la eliminación del subsidio al diésel, y en vistas a las posibles nuevas protestas del movimiento indígena, al tratarse de un tema especialmente delicado dentro de la sociedad ecuatoriana.
En rechazo a la medida del combustible, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, convocó un paro nacional indefinido –seguido, hasta la fecha, en solo seis de las veinticuatro provincias del país – para animar a la población a protestar y manifestarse contra el Gobierno.
Horas después de que la Conaie anunciase este jueves que continuaría con el paro de manera indefinida, el mandatario declaró festivo nacional el jueves y viernes de la próxima semana. El argumento oficial es que busca fomentar el turismo interno de la nación.
Por el momento, las protestas se han desarrollado especialmente en la provincia de Imbabura y, a nivel nacional, se han saldado con un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el Gobierno de Noboa ha dicho que esta vez no negociará la medida, ya que considera que el subsidio no ha beneficiado a los más pobres sino a los contrabandistas y a la minería ilegal.
