Guayaquil (Ecuador), 4 sep (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador rechazó este jueves tres preguntas de las siete que el presidente Daniel Noboa propuso para el nuevo referéndum que podría realizarse en diciembre, entre las que está la de la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados del alto tribunal, y avaló otras dos.
A criterio de los jueces, la propuesta de juicio político a los miembros de la Corte Constitucional «comprometía principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos», por lo que ese cambio no podría realizarse mediante una enmienda.
Tampoco dio paso a la pregunta para eliminar por medio de una enmienda constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegido por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.
«En línea con los precedentes jurisprudenciales, la supresión de un órgano constitucional alteraría la estructura del Estado», señaló la Corte en un comunicado.
Además, consideró que la pregunta para consulta popular relacionada con la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, establecer un tributo del 25 % de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil «no cumple con los parámetros constitucionales».
El alto tribunal aseguró que los considerandos de la pregunta, que es la explicación que se le da al votante, «no cumplían con la exigencia de claridad ni con una relación directa con la pregunta consultada, generando confusión en el elector sobre temas de los cuales carece de suficiente información».
Sumado a eso, argumentó que la consulta era compuesta, pues incluía tres temas distintos: reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas, creación del tributo y destino específico de lo recaudado, lo que «limitaba la libertad del elector» al obligarlo a votar en bloque.
Preguntas aprobadas por la Corte
Por otro lado, sí validó las preguntas con las que se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que exista la contratación laboral por horas en el sector turístico y con que se reduzca el número de miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento).
En el caso de la contratación por horas, la Corte Constitucional aseguró que «la propuesta trata un ajuste limitado, aplicable únicamente al sector turístico y en la primera relación laboral», por lo que considera que «respeta los derechos adquiridos y responde a la naturaleza estacional de esa actividad económica».
Con respecto a la reducción del número de asambleístas, los magistrados afirmaron que «mantiene los criterios de representación territorial y poblacional, y no altera el carácter democrático del Estado».
Estas dos preguntas aprobadas se suman a otra que los jueces ya validaron a inicios de agosto, relacionada con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.
Castración química a violadores
Los magistrados también se pronunciaron sobre una propuesta de reforma constitucional que había presentado Noboa en julio para permitir la castración química a violadores, sumada a la creación de un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, pero que no estaba dentro de las preguntas del referéndum.
La Corte declaró que no es posible hacer esa modificación mediante una reforma parcial, al considerar que «no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».
Dijo que no se verificó «sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia y que los delitos sexuales dependen solo del impulso sexual».
Estas decisiones son anunciadas en medio del pulso que el Gobierno mantiene con la Corte Constitucional, contra la que Noboa encabezó hace unas semanas una marcha después de que los jueces suspendieron parcialmente y de forma temporal varios artículos de polémicas leyes aprobadas recientemente y que el mandatario considera fundamentales para el combate al crimen organizado.
