Lima, 5 sep (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso este viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la amnistía para militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El tribunal internacional emitió esta disposición como medida cautelar, «a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie» de manera definitiva sobre esta amnistía, después de que la presidenta del país, Dina Boluarte, promulgara la norma, en desacato al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiera la tramitación de la ley.
La amnistía, aprobada en el Congreso por iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan al Gobierno de Boluarte y que cuentan con militares y policías retirados en sus filas, beneficia a procesados por delitos en el combate contra Sendero Luminoso y el MRTA y también a aquellos condenados que superen los 70 años de edad.
La Corte IDH emitió la resolución en el marco de la vigilancia al cumplimiento de la sentencia por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde un total de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina, motivo por el que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho).
Algunos integrantes del grupo Colina participaron en la ceremonia organizada en el Palacio de Gobierno con policías y militares en retiro, donde Boluarte promulgó la amnistía y lanzó críticas contra la Corte IDH, a la que acusó de «injerencia» en asuntos internos y de supuestamente vulnerar la soberanía nacional de Perú.
La promulgación de la amnistía se dio en la víspera de que se cumplieran 40 años de la masacre de Accomarca (1985), donde 69 habitantes de esa comunidad campesina en la sureña región andina de Ayacucho fueron asesinados por una patrulla del Ejército al mando del teniente Telmo Hurtado, quien actualmente continúa en la cárcel.
Las disposiciones de la Corte IDH sobre esta ley de amnistía han llevado también a que Boluarte haya planteado la eventual salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta el momento solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.
Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente «incapacidad» para luchar contra el crimen organizado.
En ese sentido, la presidenta creó un grupo de trabajo para presentar un «proyecto de Ley de Soberanía Nacional» que buscaría limitar la acción de la Corte IDH en la esfera nacional o incluso plantear una salida del Pacto de San José.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú, que dejó unos 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y fue desatada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA.
Las acciones terroristas de los grupos armados fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población, donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
