Madrid, 16 mar (EFE).- La desconfianza de los cargos locales y regionales de Vox en la cúpula del partido y la distancia entre Madrid y los territorios se acrecientan cada día, en contraste con la tendencia al alza que apuntan las encuestas para la formación de Santiago Abascal.
En la sede nacional de la calle Bambú atribuyen el crecimiento en los sondeos, además de al auge de partidos afines europeos, a que se apuesta por la marca, no por las personas, salvo en el caso de Abascal, que se mantiene como su máximo valedor.
Pero la contestación interna va en aumento. En los poco más de dos meses que van de año son continuas las renuncias. La última esta misma semana en Navarra.
Maite Nosti, una de sus dos representantes en el Parlamento foral, anunció el lunes su baja de militancia y ha pasado a tener condición de no adscrita, lo que ha supuesto la disolución de la agrupación parlamentaria de Vox, dado que se necesita un mínimo de dos diputados para contar con una.
El motivo es el mismo que esgrimen cuantos se han ido desvinculando: discrepancias con las dirección nacional, en este caso en torno a una declaración institucional sobre las víctimas del terrorismo.
Desde Madrid se minimiza la disolución de la agrupación en Navarra como consecuencia de la renuncia de Nosti. Se asegura que no supone una pérdida importante para la estructura territorial de la formación y se da casi por buena su salida porque “iba por libre”.
A la salida de Nosti se suma la de la edil en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero por “falta de apoyo, menosprecios y burlas” desde el partido en el proceso penal por delitos de odio seguido contra ella, y “acoso laboral y personal” de asesores “impuestos” por la dirección nacional dentro de su grupo municipal.
Así lo denunció Herrero el lunes en una rueda de prensa a la que llegó acompañada por el ex teniente de alcalde Juanma Badenas, su pareja sentimental y suspendido cautelarmente de militancia en Vox por presuntas irregularidades en una adjudicación.
La situación ha dejado al grupo municipal de Vox con solo dos concejales en Valencia, donde los de Abascal son socios del gobierno de María José Catalá (PP).
El escenario no es muy diferente en la provincia de Tarragona. Vox ha expulsado en lo que va de año a dos concejales, en los municipios de Reus y Salou.
El de Reus es Julio Pardo, que ha pasado de ser portavoz municipal de Vox a concejal no adscrito, tras ser expulsado por “reiteradas infracciones tanto de los estatutos como del código ético de VOX”.
En un escrito publicado en las redes esta semana y titulado “Se acabó el silencio”, Pardo ha denunciado haber sido “suplantado y censurado” por el partido, al que acusa de haber “expulsado a los leales” y “premiado a los mediocres”.
A principios de febrero, Vox expulsó también del grupo municipal de Salou a la concejala Josefa Aguirre, que no renunció a su acta y pasó al grupo de no adscritos. El partido justificó su salida por “la pérdida total de confianza en su labor, su falta de compromiso con las obligaciones municipales y su desvinculación total de Vox, circunstancias que hacían incompatible su continuidad en el grupo”.
La portavoz de Vox en Salou, Anabel Rodríguez, aseguró entonces que Aguirre se había dado de baja como afiliada hacía más de seis meses y ha mantenido una actitud que “contraviene los principios y la línea política de Vox, generando un clima de desunión y descoordinación dentro del grupo municipal”.
Estas últimas cinco bajas se añaden ya a una larga relación de expulsados, dimitidos y purgados en Vox, cuya importancia la cúpula insiste en desdeñar.
El pasado 22 de febrero exdiputados y exconcejales de Vox se reunieron en Madrid para denunciar que la dirección nacional les “ha robado el partido” y han reclamado su “refundación” ante la ausencia de democracia interna bajo el liderazgo de Santiago Abascal. EFE
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