Mérida, 25 abr (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declara este viernes ante la jueza instructora de la causa por su contratación como coordinador de los conservatorios pacenses de música, cuya investigación también aprecia “indicios de criminalidad” en la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas a un exempleado del Ministerio de Presidencia.
De hecho, este último, Luis María Carrero, también está citado a declarar en calidad de investigado, así como el diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el director de esta misma área, Manuel Candalija, y una directora de orquesta -como testigo- que optó al cargo que finalmente fue adjudicado a David Sánchez.
En un auto emitido el 13 de marzo, la instructora de la causa y titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, destaca el intercambio de correos mantenidos entre David Sánchez y Luis María Carrero en octubre de 2023, de cuyo contenido podría entenderse que “ambos daban por sentado la incorporación” de este último tres semanas antes de la publicación de las bases para la cobertura de la plaza de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación pacense.
Carrero, cuyo nombramiento se produjo a finales de diciembre de 2023, colaboró con David Sánchez en temas profesionales desde mucho antes de su incorporación, “derivándose, además, una relación personal muy cercana entre ambos”, ya que este -expone la jueza- se dirige a David Sánchez como “hermanito”.
Antes de llegar a la Diputación de Badajoz, Carrero desempeñó funciones en la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.
Por todo ello, la jueza considera necesario investigar los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación cometidos presuntamente por Luis María Carrero, quien habría utilizado la influencia derivada de su amistad con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, y por el propio hermano del presidente del Gobierno.
Este último, a juicio de Biedma, habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener tanto un beneficio propio, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente fuera contratada y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho, como para Carrero, que consiguió acceder a un puesto “creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios”.
