Gijón, 1 ago (EFE).- Decenas de personas se han concentrado este viernes a las puertas del recinto Luis Adaro de Gijón durante la inauguración de la 68ª Feria Internacional de Muestras de Asturias para reclamar la libertad plena de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza, que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de la localidad gijonesa.
Convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Colectivo de Trabajadores, CSI, Intersindical Asturiana, Sindicato Asturianu, UGT y USO y el grupo de apoyo las seis sindicalistas, la protesta se ha desarrollado sin incidentes coincidiendo con la llegada de autoridades al recinto ferial, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las sindicalistas condenadas -cinco mujeres y un hombre- sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es “insuficiente”, “no es una solución admisible por su condición de trabajadoras” y “sienta un precedente peligroso que pone en riesgo la actividad sindical”.
La condena es “desproporcionada y no corresponde a un sistema democrático”, han expresado las organizaciones convocantes, que, además, han considerado “urgente” aumentar la “presión política” mediante movilizaciones para conseguir el indulto.
“Debemos defender nuestros derechos básicos ante esta ofensiva judicial, porque la represión sindical no puede quedar impune y nadie debe ser criminalizado por defender derechos laborales”, han expresado.
Petición de indulto
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba «dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes» e insistió en que «el sindicalismo es un derecho, no un delito», de modo que «en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales».
Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las Seis de la Suiza, que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.
Sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia concreta la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, «incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión» hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados».
