Asunción, 13 mar (EFE).- La defensa del expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) presentó este jueves al Congreso un pedido de retiro de la inmunidad del político para afrontar un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio y denuncia falsa, entre otros delitos, por el que ya fueron acusados siete de sus excolaboradores a raíz de una denuncia de su antecesor, Horacio Cartes (2013-2018).
El pedido, entregado por los abogados Carlos César Trapani y Enrique Kronawetter y dirigido al presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado para que tome “conocimiento”, señaló a EFE el secretario general de la Cámara Alta, Antonio Sánchez.
“Su decisión de pedir su desafuero del presidente Mario Abdo Benítez se basa en su propia convicción política y no en el contexto parlamentario”, expresó a periodistas Trapani, un día después de que el exgobernante anunció en sus redes sociales que pediría al Legislativo se levante su fuero de senador vitalicio para presentarse ante la Justicia.
Abdo Benítez fue imputado en marzo de 2024 por el ente investigador pero, debido a su inmunidad, no fue incluido en la acusación formal presentada el martes por el Ministerio Público, al igual que su exsecretario privado y actual diputado oficialista, Mauricio Espínola, quien también pidió su desafuero.
En abril de 2024 -explicó a EFE Sánchez- un juez ya remitió, tras la imputación de la Fiscalía, una solicitud a la Cámara Alta de desafuero de Abdo Benítez, que fue discutida entonces por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual emitió dos dictámenes, uno a favor y otro en contra.
Las resoluciones, que para Sánchez siguen vigentes, pasaron en ese entonces al Senado, pero su tratamiento se “postergó” y “está pendiente”, por lo que consideró que la nota presentada este jueves por Abdo Benítez es más “un mensaje político”.
Si el Senado, integrado por 45 legisladores, decide tratar el desafuero del expresidente se necesitaría una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los senadores presentes para aprobarlo.
El martes, la Fiscalía formuló una acusación contra tres exministros y cuatro exfuncionarios del Gobierno de Abdo Benítez por los presuntos delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.
Los fiscales se pronunciaron como parte de una investigación abierta a raíz de una denuncia presentada en julio de 2023 por Cartes, en la que se declaró víctima, desde 2018, de una presunta “persecución” por parte de “personas en el ejercicio del poder político”.
La Fiscalía indicó el martes en un comunicado que los acusados habrían presuntamente “formado un esquema”, entre 2021 y 2022, para la “elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera” que “aspiraba a generar (una) investigación penal en contra de adversarios políticos de Abdo Benítez”.
El exgobernante alega en su pedido de desafuero que el país, hace un año -el 13 de marzo de 2024-, “fue testigo de cómo el Ministerio Público se había convertido en un proyecto de persecución política”.
Se refirió así a unos presuntos chats filtrados ese día por la prensa local entre Pedro Ovelar, el abogado de Cartes -y quien tachó los mensajes de “absolutamente falsos”-, y Aldo Cantero, uno de los fiscales que imputó al exmandatario, que, según la investigación periodística, aludían a reuniones entre ambos, el envío de archivos de parte del abogado al fiscal y pedidos del defensor sobre asuntos a investigar.
“Los intercambios de mensajes, con una elocuencia notable, dejaron ver la ejecución de un plan diseñado para castigar injustamente a funcionarios que cumplieron con su deber de luchar contra la delincuencia organizada”, argumentó ahora el exjefe de Estado.
Tras las denuncias periodísticas, el fiscal general, Emiliano Rolón, removió a Cantero y su colega Giovanni Grisetti de la causa, y también salió de la coordinación de la investigación la fiscal adjunta Patricia Rivarola.
Fueron reemplazados por Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria, que también renunciaron a la causa, ahora en manos de los fiscales Silvia González y Christian Benítez.
