San Salvador, 12 mar (EFE).- En El Salvador existe una “justicia fallida” en los casos contra altos mandos militares de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), aseguró este miércoles David Morales, defensor de derechos humanos y abogado de las víctimas del conflicto armado en mención.
“Estamos hablando de una justicia fallida, estamos hablando de un política judicial de protección a criminales de guerra y de lesa humanidad y una disfuncionalidad de los tribunales y la Fiscalía General ante este tipo de casos que responde a criterios políticos”, dijo Morales a EFE.
El abogado apuntó que los jueces que conocen las causas penales “los están retrasando y adoptan criterios de impunidad”, mientras que la Fiscalía “no judicializa casos”.
“Es un sistema de impunidad institucionalizada que existe desde mucho antes, pero con mayor fuerza está operando hoy en contradicción con la propaganda”, lamentó el defensor.
Morales, extítular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y miembro de la organización humanitaria Cristosal, ha señalado la paralización de procesos penales como el de la masacre de 1.000 civiles en 1981 en El Mozote y el de El Calabozo, donde el Ejército ejecutó a más de 200 civiles en 1982.
El jurista explicó que esta situación abre las puertas para que las organizaciones y los sobrevivientes busquen la activación de procesos internacionales contra el Estado salvadoreño.
La guerra civil salvadoreña, que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ahora partido político de oposición con ninguna incidencia), se saldó con unos 75.000 muertos, entre 8.000 y 10.000 desaparecidos y cientos de masacres de civiles -la mayoría mujeres, niños y ancianos- atribuidas a los militares.
Desde 2016 se reabrieron causas penales tras la anulación de una ley de amnistía de 1993 que bloqueó los casos por décadas, luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, algunas de estas causas avanzan lentamente o están paralizadas y no se ha emitido ningún fallo condenatorio contra los procesados.
