Sevilla, 12 jun (EFE).- Las defensas de los ocho acusados por una pieza separada de los ERE referida a las ayudas de 1,5 millones de euros a la empresa de restauración Río Grande han pedido este jueves que el objeto del juicio se ‘acote’ de acuerdo al pronunciamiento hecho por el Constitucional en la pieza política de esta macrocausa.
En la pieza separada que se juzga en la Audiencia de Sevilla están acusados Juan Lanzas, exsindicalista considerado ‘conseguidor’ de los ERE -quien no ha comparecido debido a una intervención quirúrgica-, Carmen Fontela, considerada la primera ‘intrusa’ detectada en los ERE fraudulentos, y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, entre otros.
Las defensas han coincidido al apuntar como cuestiones previas a la incidencia que, en su opinión, debe tener el amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados en el denominado procedimiento específico (político), tanto en esta pieza separada como en el resto de las que siguen pendientes de enjuiciamiento.
El Constitucional ordenó a la Audiencia de Sevilla emitir una nueva sentencia -todavía pendiente- sobre dicha pieza política al conceder amparo a condenados como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras una interpretación alternativa sobre los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos juzgados.
El ‘Matrix’ de los ERE
A raíz de dicho pronunciamiento de la corte de garantías, abogados defensores como José María Calero han sostenido en el juicio que las acusaciones -en el caso de Río Grande, Fiscalía, Junta y PP- «no terminan de aceptar» lo que dice el Constitucional y cree que buena parte de los escritos acusatorios se quedan «sin ningún contenido».
El propio Calero se ha referido al «fenómeno patológico de la justicia» que representa a su juicio la macrocausa de los ERE, a la que también ha aludido como un «Matrix mental» para finalmente concluir que, tras el pronunciamiento del TC, habrá que reconocer definitivamente que la causa «se queda en los intrusos».
En la misma línea argumentativa, el letrado Jorge Aguilera, defensor de Albarracín, ha considerado la causa de los ERE un «galimatías procesal» y que el objeto de juicio debería acotarse únicamente a las ayudas respecto a los llamados «intrusos».
«No sabemos a qué atenernos», ha sentenciado este abogado, que ha hablado incluso de un posible carácter «alegal» o «aprocesal» y que sostiene que «lo razonable» sería esperar a que hubiera nueva sentencia sobre el procedimiento específico.
Niega el cobro de comisiones
Tras la presentación de las cuestiones previas, únicamente ha declarado el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, quien se encuentra actualmente en prisión y ha llegado esposado a la sala, y que ha negado haber recibido comisiones y ha situado a Lanzas como un «comercial externo» a su empresa.
A raíz de las peticiones planteadas por las defensas muchos de los procesados no tendrán obligación de comparecer en todas las sesiones del juicio fijadas para los próximos 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 26 de este mes.
Las declaraciones de Juan Lanzas, exsindicalista considerado ‘conseguidor’ de los ERE, y Carmen Fontela, señalada como la primera ‘intrusa’ detectada en los ERE, están previstas para el día 25 de junio.
Por su parte, la Fiscalía ha rebajado de 7 a 3 años la penas de prisión que reclama provisionalmente para siete de los ocho procesados por esta pieza separada, un cambio que obedece a la aplicación del artículo 65.3 del Código Penal, referido a agravantes y atenuantes de penas para inductores o cooperadores necesarios.
