María Julia Castañeda
Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Más de 133.000 personas desaparecidas y 72.000 restos sin identificar en México muestran la magnitud de una crisis que no se detiene, pese al aumento en los últimos años de leyes e instituciones incapaces de resolver el problema, según advirtió a EFE el activista Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
En una entrevista en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas que se conmemora este sábado, Cortez señaló que, desde la primera Ley General en Materia de Desaparición de 2017, se han aprobado 76 legislaciones estatales y 124 instituciones para atender la crisis, algo que calificó como “paradójico”, frente a la tendencia creciente de los casos.
Según el ‘Informe Nacional de personas desaparecidas 2025’ de la Red Lupa del IMDH, tras rebasar las 100.000 desapariciones en mayo de 2022, las cifras oficiales han crecido un 7,3 % en 2023 (107.327), un 6,3 % en 2024 (114.069) y un “preocupante” 12 % en 2025 (128.064).
El defensor de derechos humanos precisó que el informe utiliza como referencia anual el 16 de mayo de 2022, cuando se rebasaron los 100.000 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano.
Esta semana, el RNDP superó los 133.000 registros, un incremento de alrededor de 5.000 denuncias en el último trimestre.
“Además del número que crece de personas desaparecidas, el otro número que también sigue creciendo es el de restos humanos sin identificar, que esa es la otra parte (en la) que ha sido más difícil construir una cifra oficial”, agregó Cortez.
Cortez señaló que se estiman alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar en el país, al término del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
“La hipótesis es que seguramente estos 72.000 restos que están sin identificar, pues corresponden a las personas que buscamos”, expuso.
En ese sentido, Cortez consideró que las recientes reformas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no atacan la raíz del problema, pues crean nuevas obligaciones y herramientas sin que se hayan cumplido las que la ley ya establecía.
Por ejemplo, recapituló que pese a la reforma de 2022 que creó el Centro Nacional de Identificación Humana, este apenas se inauguró y a la fecha no opera.
Por otro lado, indicó que el RNDPO está obligado por ley a funcionar no solo como base de datos, sino también como una herramienta de análisis para detectar patrones y tendencias, lo cual no está ocurriendo y deriva en acciones dispersas y poco efectivas.
Entre otros patrones detectados por el IMDH, Cortez indicó que el 44 % de los casos están concentrados en cinco estados: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.
Además, señaló que las desapariciones de mujeres, particularmente jóvenes, se disparó un 200 % en el estado de Tabasco el último año, lo que plantea varias preguntas que las autoridades no están respondiendo.
“¿Quién y para qué las desaparece? ¿Para temas de trata, de reclutamiento, de trabajos forzados?”, cuestionó.
Más de la mitad de los registros desde 2018
El informe del IMDHD alerta de que entre 2018 y el 16 de mayo de 2025 se concentra el 56 % de las desapariciones registradas desde 2000.
Para Cortez, esto podría responder a varios motivos, como un posible incremento de denuncias tras la ley de 2017, la mayor visibilidad de los colectivos de búsqueda y el aumento de la violencia generalizada en el país.
Pero también avisó que el crecimiento de las desapariciones en ciertas regiones podría explicar por qué las cifras oficiales de homicidios parecen disminuir.
“No es que no maten a las personas, las matan, pero las esconden de manera que tú no las puedes contabilizar”, opinó.
El experto consideró que “el núcleo del problema” es que las desapariciones “no son una prioridad en la agenda política, ni del anterior presidente, ni del actual Gobierno federal”.
Además, recordó que la nueva ley de 2025 surgió tras el mediático caso de Teuchitlán (Jalisco), pero advirtió que, sin una verdadera planificación, su implementación quedará en “acciones dispersas y discursos con buenas intenciones”.
