San José, 21 ago (EFE).- Defensores de víctimas pidieron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas contra una ley de amnistía con la que Perú pretende «instaurar la impunidad» para policías y militares en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales, mientras que representantes del Estado defendieron la legalidad de la norma.
La representante de víctimas Gloria Cano dijo en una audiencia ante la CorteIDH que la ley de amnistía promulgada el pasado 13 de agosto, «es un nuevo intento de instaurar la impunidad y desconoce los efectos vinculantes de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta que constituyeron hitos en Perú y que son referente en la región».
Por su parte, Gisela De León, de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), pidió a la CorteIDH que «ejerza sus facultades con la firmeza que las víctimas se merecen» y que envíe el mensaje de que «las leyes de impunidad no tienen cabida».
«Solicitamos medidas provisionales para evitar que la norma se aplique y se perpetúe la impunidad. Pedimos que se realice un llamado explícito a los tribunales peruanos para que inapliquen la ley de prescripción y la de amnistía, aplicando el control de convencionalidad», expresó de León.
La audiencia de la CorteIDH responde a una solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por representantes de víctimas que consideran que la ley de amnistía supone un riesgo para el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales el tribunal internacional sentenció al Estado en 2001 y 2006, respectivamente.
La posición del Estado
El agente del Estado, César Pastor Briceño, dijo que Perú reconoce las competencias de la CorteIDH pero afirmó que el tribunal no puede orientar la legislación interna de los países ni paralizar el trámite de procesos legislativos internos.
«No podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se pretende imponer que supone el escrutinio eterno de las fuerzas armadas, de los policías y de los miembros de los comités de autodefensa», expresó Pastor, quien dijo que su país «debe demostrar gratitud con los héroes de la pacificación nacional».
El representante estatal aseguró que las personas condenadas por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta «no se encuentran dentro de los alcances de la ley» de amnistía.
Angel Delgado, otro representante del Estado, pidió a la CorteIDH que «no adopte medidas provisionales» y que «cumpla con dejar que actúe la jurisdicción interna».
La ley de amnistía
La ley de amnistía para militares y policías que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000), fue promulgada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el pasado 13 de agosto, luego de que fuera aprobada en julio por el Parlamento.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y 2000 contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
La Corte IDH pidió el 24 de julio pasado detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). En estas matanzas 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.
Después de la audiencia de este jueves la CorteIDH podrá emitir en las próximas semanas una resolución sobre medidas provisionales.
