Lima, 26 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó al Tribunal Constitucional (TC) intervenir, en calidad de amicus curiae, en el proceso de habeas corpus a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien ha iniciado una huelga de hambre seca, con el fin de anular la prisión preventiva dictada en su contra en 2023, según informó este martes en un comunicado.
La intervención de la Defensoría del Pueblo busca aportar una apreciación jurídico-técnica que coadyuve al debate del TC, garante de los derechos fundamentales, en relación «al respeto al plazo de la prisión preventiva, como garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia».
Asimismo, sobre el rol del habeas corpus en la protección de la libertad personal, reafirmando su «carácter de mecanismo célere y eficaz» para garantizar este derecho.
De igual forma, respecto al principio de igualdad ante la ley, que asegura que «todas las personas reciban un trato jurídico uniforme, sin privilegios indebidos ni discriminaciones arbitrarias».
El pasado 24 de julio, el Constitucional evaluó un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Chávez, ex primera ministra durante el mandato presidencial de Pedro Castillo (2021-2022), para que se anule la prisión preventiva en la que permanece desde junio de 2023, por presuntas irregularidades en su tramitación, y sea liberada de manera inmediata.
La defensa de Chávez, que está acusada de rebelión como presunta participante del fallido golpe de Estado que dio Castillo el 7 de diciembre de 2022, considera que la ex primera ministra es parte de una presunta detención arbitraria.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional admitir su escrito de amicus curiae, el cual contiene «argumentos jurídicos que contribuirán a dilucidar la controversia fundamental» planteada en el proceso de habeas corpus y, de ser el caso, a tutelar el derecho presuntamente vulnerado en perjuicio de Chávez.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, informó en su cuenta de la red social X que «hoy se cumplen 4 días en huelga de hambre y seca» de la ex primera ministra, y que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) la «sentencia de muerte», al no atender su pedido de traslado de prisión por supuestos maltratos.
Chávez retomó su huelga de hambre en protesta por los presuntos maltratos que asegura recibir de las autoridades penitenciarias y como medida de presión para solicitar el traslado de cárcel de ella y otras dos reclusas al considerar que su integridad está amenazada.
Sin embargo, el Inpe respondió que no existen pruebas de los malos tratos que Chávez aduce haber recibido por parte de las autoridades de la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, y también apuntó que la ex primera ministra no había solicitado personalmente el traslado de prisión, requisito necesario para su evaluación.
Junto a otros exintegrantes del gabinete, tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe, que derivó en la destitución del exmandatario, y afrontan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación donde anunciaba el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar a través de decretos, ante la posibilidad de que el Parlamento votase ese día una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él.
Su mensaje no surtió efecto, ya que minutos después fue detenido por la Policía cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en Lima, mientras el Congreso votó inmediatamente su destitución y la sucesión en el cargo de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.