Denver (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Un alto funcionario del estado de Colorado presentó este jueves una demanda judicial contra el gobernador Jared Polis, al que acusa de haber ordenado a empleados públicos compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en presunta violación de leyes estatales vigentes desde hace años.
La querella, interpuesta en el Tribunal de Distrito de Denver, sostiene que en abril pasado el gobernador demócrata instruyó a Scott Moss, director de la División de Normas y Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, así como a otros funcionarios estatales, a facilitar a ICE información personal de decenas de inmigrantes, y «posiblemente muchas más”, en respuesta a una “citación administrativa”, es decir, sin orden judicial.
Según la demanda, las leyes estatales de Colorado prohíben expresamente el uso indebido de datos personales, incluyendo su entrega a autoridades federales de inmigración en casos relacionados con personas sujetas a procesos de deportación, así como con sus familiares o contactos.
El documento subraya que, a finales de la primavera de 2025 (24 de abril), apenas una semana después de que Polis firmara una nueva ley que refuerza estas protecciones (SB25-276, en vigor desde el 23 de mayo), el gobernador habría ordenado la cooperación con ICE en contravención de dicha normativa.
La citación en cuestión, según la querella, formaba parte de una investigación sobre menores extranjeros no acompañados, con el objetivo de “verificar que los niños estén siendo debidamente cuidados”. Sin embargo, la legislación local exige una orden judicial para entregar esa información, incluso en contextos administrativos.
Los demandantes afirman que la intervención de Polis no solo vulneró los derechos de las personas afectadas, sino que también expuso a los empleados estatales a posibles sanciones legales, incluyendo despidos y multas de hasta 50.000 dólares.
Por ello, solicitan al tribunal medidas cautelares para evitar esas consecuencias y piden que el gobierno cubra los gastos legales derivados del caso.
En respuesta, la oficina del gobernador emitió un comunicado en el que afirma que la situación se enmarca en una investigación criminal relacionada con la explotación infantil.
“Estamos comprometidos con colaborar en investigaciones criminales junto a nuestros socios locales y federales, especialmente cuando se trata de proteger a menores víctimas de trata o abuso. Asistir en estas investigaciones no solo es legal, sino también un deber moral”, señala el comunicado.
“Es esencial generar y compartir registros en el marco de pesquisas criminales para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Colorado, y especialmente la de los niños”, concluye la nota oficial.
Colorado ha sido incluido en una lista del Gobierno del presidente Donald Trump de localidades consideradas santuario de inmigrantes, expuestas a sanciones por parte del Ejecutivo estadounidense.
