Tegucigalpa, 31 jul (EFE).- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) denunció este jueves que en Honduras continúan los asesinatos contra los defensores de la tierra y las agresiones para acallar a la prensa.
«Vemos que continúan los asesinatos a los defensores de la tierra y el territorio, y las agresiones para acallar a la prensa. Tenemos que en el 2024 hubo 490 ataques y agresiones constitutivos de violaciones de los derechos humanos», dijo a EFE la directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, durante la presentación del Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras 2024.
Agregó que las agresiones van «desde los ataques contra la vida, amenazas, hostigamiento, intimidación, campañas de difamación que se han vuelto muy frecuentes, obstaculización del trabajo, vigilancia y criminalización».
Diputados del Parlamento, mal ejemplo para el país
Castro subrayó que aunque en 2024 solo se registraron siete defensores asesinados, contra 24 en 2023, «el año pasado pudimos ver un número bastante elevado de mujeres asesinadas, de niños y niñas desaparecidas».
«Además, no hay respuesta de parte de las autoridades para disminuir la violencia que se vive en el país; es más, pienso que los padres de la patria (diputados del Parlamento) no están dando el ejemplo correcto y la situación que se está dando está aumentando la violencia», acotó Castro, en alusión a los frecuentes incidentes violentos que se registran en el poder Legislativo.
El Informe de ACI PARTICIPA destaca entre otras cosas que el Gobierno que preside Xiomara Castro realizó en los dos últimos años «un importante esfuerzo por mejorar las condiciones de la ciudadanía, en sus derechos básicos, logrando amortiguar las condiciones del deterioro económico, aunque aún no ha logrado alcanzar un nivel de vida digno para la mayoría de las y los hondureños».
«Mientras la población no tenga fuentes de ingresos sostenibles y acceso al recurso tierra y capital, que por ahora solo detentan los grupos de poder tradicionales, este modelo solo distribuye la pobreza, pero no la erradica. Por ese motivo, el empleo generado no es sostenible, pues no se traduce en empleo permanente ni dignamente remunerado, sino en empleo temporal y mal pagado», añade.
Ambientalista Juan López, entre los asesinados en 2024
También reconoce que entre 2022 y 2023 el Gobierno conformó una Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales para la solución de disputas de tierras, el cumplimiento de sentencias con los pueblos originarios y la búsqueda de una solución al conflicto en el Bajo Aguan, en el norte del país.
Sin embargo, subraya el estudio, «en el fondo los conflictos no fueron resueltos» y a partir de 2023 y todo el 2024 «la conflictividad social se incrementó y la reacción de los cuerpos de seguridad fue retornando a las practicas represivas del pasado Gobierno (que presidió Juan Orlando Hernández), con una fuerte dosis de desalojos, generados por decisiones judiciales injustas».
Entre los últimos siete defensores asesinados figuran el ambientalista y exconcejal del municipio de Tocoa, departamento de Colón (norte), Juan López, el 14 de septiembre de 2024.
En 2024 ACI PARTICIPA documentó 490 ataques y agresiones constitutivos de violaciones a los derechos humanos contra 291 personas defensoras de garantías ciudadanas.
Los ataques se registraron en 13 de los 18 departamentos del país y los más frecuentes fueron contra la vida, amenazas, hostigamiento, intimidación, campañas de difamación, obstaculización del trabajo, agresión física, psicoemocional, censura, ataques digitales, criminalización, persecución, amenazas de muerte, perfilamiento en redes, tortura, atentados y detenciones, indicó el organismo humanitario, que además denunció altos niveles de impunidad en el país centroamericano.
