Los Ángeles, 3 jun (EFE).- Las alternativas legales para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que dependían del programa humanitario conocido como CHNV, están siendo frustradas por el Gobierno del presidente Donald Trump, denunciaron este martes en rueda de prensa organizaciones humanitarias.
Estos inmigrantes temen la deportación al ver estancadas otras posibilidades como el asilo ante trabas impuestas por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS, en inglés).
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, explicó que esta agencia federal «paralizó» el proceso de solicitudes de permanencia permanente en EE.UU. de una mayoría de extranjeros que ingresaron al país bajo el llamado «parole humanitario» CHNV, que sólo otorgaba dos años de estancia en el país.
«Para muchos de ellos (los amparados por CHNV) su objetivo final no era simplemente permanecer dos años en el país, estaban ingresando para hacer otra solicitud migratoria», explicó la abogada.
Pero USCIS detuvo el trámite de estas solicitudes, en su mayoría peticiones de asilo, lo que expone a estos inmigrantes aún más a la deportación, tras la decisión de la Corte Suprema el viernes pasado.
El máximo tribunal le permitió a la Casa Blanca rescindir la protección concedida por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que permitía a unas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., mientras se desarrolla una batalla legal, lo que representó una victoria para la administración republicana.
La decisión dejó a la deriva a los inmigrantes cobijados por CHNV que perdieron su permiso de trabajo, y se exponen a una deportación expedita, ya que la mayoría llevan menos de dos años en el país.
El trámite de las solicitudes de asilo o residencia permanente por vínculos familiares representaría una tabla de salvación para estos inmigrantes, que en febrero pasado apoyados por las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, presentaron una demanda para detener la decisión de Trump de poner fin al beneficio.
Hughes explicó que el tribunal de primera instancia que lleva el caso sobre CHNV ordenó la semana pasada a USCIS avanzar con los casos y solicitudes de estos inmigrantes alternos, tras denuncias de que incluso había cancelado entrevistas programadas en estos procesos.
Los afectados tienen la opción ahora de reprogramar las entrevistas que fueron anuladas. Sin embargo, tendrán que ponerse en la larga fila de espera en un sistema migratorio abarrotado de casos.
Laura Flores-Perilla, abogada de Justice Action Center, recomendó a los inmigrantes cobijados por CHNV y elegibles para asilo o otras vías legales presentar sus casos antes de que el Gobierno Trump ponga en marcha «las expulsiones» de los inmigrantes amparados con este programa humanitario, como anunció la semana pasada, después de conocerse el fallo del Supremo.
Los defensores del programa CHNV habilitaron una página informativa (Demanda colectiva Svitlana Doe contra Noem-Justice Action Center) para que los inmigrantes afectados puedan instruirse sobre el caso y hacer preguntas.
