San Salvador, 29 mar (EFE).- Los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad, al acceso a la justicia y a la libertad de expresión fueron los más violentados en El Salvador en 2024, de acuerdo a un informe del Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) presentado este martes.
Roberto López Salazar, coordinador del OUDH, explicó durante una conferencia de prensa en San Salvador que el derecho a la vida es “uno de los derechos más afectados en el año”, por “las distintas formas de violencia que se mantienen activas en el país”.
“El Salvador se quiere mostrar como uno de esos países más seguros en el mundo pero los datos hacen cuestionable este discurso, porque vemos que la violencia sigue siendo una forma dominante para resolver diferencias y conflictos en la sociedad”, expuso López Salazar.
El coordinador del OUDH hizo referencia, como una de las principales acciones a la vulneración al derecho a la vida, a la medida del régimen de excepción, que es implementada contra las pandillas pero que, de acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, deja miles de víctimas y muertes en cárceles.
El derecho a la libertad personal fue el segundo más violentado el año pasado, apuntó López Salazar, por el hecho de que “hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad personal y condiciones carcelarias degradantes”.
“Las desapariciones forzadas siguen existiendo sin que el Estado actúe e investigue a fondo esta problemática”, señaló.
Sobre las detenciones arbitrarias, que “son dominantes en el régimen de excepción”, hay violaciones al debido proceso que afectan principalmente a las juventudes y a sus familiares y esto “tiene efectos muy graves porque imposibilita procesos de vida”, dijo.
El coordinador del OUDH también mencionó que otros de los derechos más violentados en 2024 es a la integridad, al acceso a la justicia y a la libertad de expresión.
Entre tanto, Gabriela Santos, directora del observatorio, apuntó que “es importante que el Estado salvadoreño, particularmente la Policía Nacional, Centros Penales, Fuerza Armada y la Fiscalía General, respeten la vida y las obligaciones que tienen a nivel nacional e internacional”.
“Sabemos que los homicidios han bajado, es un hecho, y la percepción de seguridad también es distinta, pero no podemos permitir que el Estado se convierta en victimario y él que vulnere el derecho a la vida sustituyendo a las pandillas”, analizó Santos.
Agregó que “no podemos pensar que reemplazando victimarios es la manera que vamos a avanzar en nuestro país”.
