Madrid, 23 sep (EFE).- Una veintena de organizaciones e instituciones públicas y privadas ha activado la iniciativa «Derechos al Futuro’ para combatir las brechas y amenazas que proliferan en el entorno digital e intentar que la innovación y el progreso tecnológico avancen de una manera «inclusiva, ética y sostenible».
Promovido por el Observatorio de Derechos Digitales -que reúne a entidades públicas, universidades, organizaciones sociales, fundaciones y empresas-, el movimiento que hoy arranca pretende situar los derechos en el centro de la era digital, para que la digitalización no se desligue de los principios democráticos y todos los valores y derechos del mundo físico se extiendan al universo virtual.
La iniciativa despega hoy con el lanzamiento de un manifiesto abierto a la adhesión de personas, de instituciones públicas, entidades o empresas, y sus promotores han incidido en que se trata de un movimiento descentralizado, transversal y apartidista, en un momento en el que la tecnología y la digitalización están redefiniendo la forma de vivir, de aprender, de trabajar o de entretenerse.
Entre los firmantes figuran ya la entidad pública Red.es; el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (ODISEIA); la Comisión Española de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Asociación Europea para la Transición Digital; varias Fundaciones (Telefónica o La Caixa); y numerosas universidades públicas y privadas; la acción está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
Brechas que amplifican las desigualdades
El manifiesto subraya la importancia de extrapolar a los entornos digitales el respeto de los derechos y los valores que amparan a las personas en el mundo físico, de reducir hasta eliminar todas las brechas que existen y de combatir las amenazas que se ciernen sobre los más vulnerables, como los menores, las personas mayores, las comunidades rurales o los discapacitados.
Las brechas digitales reflejan muchas de las desigualdades que existen en la sociedad, y contribuyen a amplificarlas: entre entornos rurales y urbanos; entre personas con diferente nivel económico o cultural; entre jóvenes y personas mayores y pensionistas; entre empleados y desempleados; o entre trabajadores de grandes empresas y los de pymes.
A las numerosas brechas que persisten, los iniciadores de ‘Derechos al Futuro’ suman los numerosos riesgos que se ciernen en el entorno digital, como el ciberacoso, las adiciones, las posibles afecciones a la salud y al desarrollo psicosocial, la sobreexposición, el acceso temprano a internet y a contenidos inapropiados o la desinformación.
La coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli, ha destacado, entre todos esos riesgos, el de la violencia digital, y ha observado que en España el 60,6 por ciento de las jóvenes ha sufrido alguna forma de violencia sexual o que el 68 por ciento ha vivido experiencias de violencia digital; «no es un problema menor, es una vulneración clara de los derechos fundamentales».
La importancia de las leyes y de generar conciencia
En declaraciones a EFE con motivo del arranque de esta iniciativa, Alli ha alertado del «grave» problema que suponen las «brechas digitales»; porque la mitad de los mayores de 65 años tiene dificultades significativas para acceder a servicios básicos; porque solo el 40 por ciento de las personas entre 65 y 74 años utiliza banca en línea (el 19% entre los mayores de 75); o porque el 29 por ciento de los mayores de 65 años no tiene ningún dispositivo digital.
A su juicio, el marco legislativo europeo -como el Reglamento de Inteligencia Artificial- «es pionero, pero no suficiente», y ha observado que ese reglamento entró en vigor en agosto de 2024 pero su aplicación completa no llegará hasta 2027. «Mientras tanto, los riesgos están ahí, y por ejemplo un 75 por ciento de los padres señala que sus hijos no tienen herramientas suficientes para navegar de manera segura y consciente».
La iniciativa ‘Derechos al Futuro’ que arranca hoy se enmarca en el convenio que suscribieron la entidad pública Red.es -adscrita al Ministerio para la Transformación Digital- y numerosas entidades públicas y privadas para divulgar y amplificar la Carta de Derechos Digitales que elaboró el Gobierno para acelerar la transformación digital y aprovechar las nuevas oportunidades económicas y sociales, pero también de evitar todos los riesgos que conlleva.
Luisa Alli, coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de la Fundación Hermes, ha valorado en ese sentido la acción que echa hoy a andar. «No se trata solo de leyes, sino de generar conciencia y exigir juntos que la tecnología respete la dignidad y los derechos de las personas».
