València, 7 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una red de venta de contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, previo pago de 300 euros, y ha detenido a 14 personas por supuesta falsedad documental.
A los cabecillas, una pareja asentada en la ciudad de València, se les imputan además los presuntos delitos de estafa y favorecimiento de la inmigración irregular, según la Policía Nacional, que apunta este lunes que la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Las investigaciones por parte de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal -UCRIF- de Valencia se iniciaron en abril a raíz de un informe sobre una intervención de la Policía Local de la capital valenciana, que había observado empadronamientos fraudulentos en una vivienda mediante contratos de alquiler falsos.
Los agentes de la UCRIF localizaron hasta tres viviendas más e identificaron a un varón que, junto a su pareja, se dedicaba a empadronar fraudulentamente a extranjeros a cambio de una prestación económica.
Plataformas de alquiler vacacional
Los investigadores comprobaron cómo en un primer momento el hombre alquilaba una vivienda, firmando un contrato de alquiler con el propietario para, posteriormente, subarrendar la misma por habitaciones, a pesar de estar prohibida esta práctica en el contrato.
Las habitaciones eran publicitadas en plataformas de alquileres vacacionales, atribuyéndose así falsamente la facultad de disposición de la vivienda, añaden las fuentes.
Por otro lado, los agentes descubrieron que, paralelamente a esta práctica, el investigado, con el fin de obtener el máximo beneficio posible, facilitaba contratos de alquiler falsos a extranjeros en situación irregular en España, a cambio de 300 euros, de las mismas habitaciones que ya tenía arrendadas como alquiler vacacional.
Estos contratos fraudulentos eran empleados por personas de diferentes nacionalidades para conseguir certificados de empadronamiento u otros documentos que les permitieran solicitar el permiso de residencia, a sabiendas de que no vivirían nunca en dicha vivienda por encontrarse ya arrendada.
Los investigadores identificaron también como responsable de la trama a la pareja del investigado, y a 46 personas de diversas nacionalidades, las cuales habrían pagado 300 euros por la confección de un contrato de alquiler falso.
Los agentes detuvieron a diez hombres y a cuatro mujeres, dos de ellas con antecedentes policiales. Todos ellos han sido puestos en libertad tras tomarles declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello.
