Santiago de Chile, 3 abr (EFE).– El Tribunal Constitucional de Chile acordó este jueves cesar de su cargo a la senadora Isabel Allende, acogiendo un recurso presentado por parlamentarios de oposición respecto a la fallida compra de la casa de su padre, el fallecido presidente Salvador Allende (1970–1973), por parte del Estado.
Según medios locales que accedieron al fallo, la decisión del organismo se adoptó por amplia mayoría de sus miembros, poniendo fin a la carrera parlamentaria ininterrumpida que Allende extendió por tres décadas como parte del Congreso Nacional. La medida tendrá efecto una vez se notifique oficialmente a la histórica dirigente socialista.
“La memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas”, señaló la parlamentaria a través de un comunicado, a la espera de la sentencia oficial.
“En mis más de 30 años de servidora pública, jamás usé mi cargo para beneficio personal, y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, agregó Allende, quien finalizó afirmando que tiene “la certeza de haber actuado siempre con total integridad”.
El requerimiento que dio origen al fallo fue interpuesto por diputados de oposición, particularmente militantes del ultraderechista Partido Republicano y miembros de la coalición Chile Vamos, que aglutina a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
“Valoramos esta resolución de acoger nuestro requerimiento para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional (…) Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado, y una persona que ha estado en puestos por más de 30 años no podía sino conocer esta causal de destitución”, señaló en un punto de prensa el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
La controversia comenzó a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares al cambio de hoy) de la exresidencia de Salvador Allende, hoy propiedad de su hija, con el objetivo de convertirla en un museo.
Esta operación implicaba la firma de contratos con la nieta y entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y con una de las hijas de Salvador Allende, la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.
A fines de marzo, el jefe de Estado, Gabriel Boric, prestó declaración de forma voluntaria y presencial en la investigación judicial abierta por este caso, indagatoria que busca esclarecer un presunto fraude al fisco en razón de los contratos que iban a firmarse.
Boric, quien en su calidad de presidente de la República estaba eximido de ser citado a declarar, dio su testimonio en calidad de “imputado” (equivalente a “investigado” en la jurisdicción española), porque hay una querella presentada por un tercero en su contra, la cual ha sido ampliada a otros presuntos delitos en el marco de la causa.
Además de la casa de la familia Allende, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin (1990–1994) para transformarla también en un museo, propuesta que no tuvo buena recepción y sufrió múltiples críticas por parte de la oposición.
A las pocas semanas, Boric cesó por esta polémica a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió la exjefa de la cartera de Defensa, Maya Fernández, después de que la oposición ultraconservadora presentara una acusación constitucional contra ella, que fue desestimada.
