San Salvador, 30 jul (EFE).- La detención prolongada de Ruth López, abogada anticorrupción y crítica del Gobierno de Nayib Bukele, «refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador», dijo el miércoles la relatora para Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite.
«El debido proceso no es opcional. La independencia judicial no es negociable. Y los derechos a la libertad, la defensa legal y la protección frente a la detención arbitraria son inderogables, incluso bajo un régimen de excepción. La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador», publicó la experta en X.
Satterthwaite indicó que ha manifestado al Gobierno salvadoreño su «grave preocupación por el hecho de que haya sido criminalizada en represalia por su labor como abogada y defensora de derechos humanos» y agregó que «su detención arbitraria, el confinamiento en régimen de incomunicación y el proceso penal en su contra parecen violar los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial».
La letrada se mostró alarmada que el 6 de julio «fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas», además dijo que es preocupante que el 21 de julio, la Sección de Probidad de la Corte Suprema «habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016».
«Esta investigación —realizada nueve años después de haberse presentado dicha declaración y dos meses después de su detención— parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo que podría constituir una violación del principio de legalidad», alertó la experta.
Al salir de una audiencia, realizada el 4 de junio, López afirmó ante decenas de periodistas que era una «presa política» y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental desde la organización humanitaria Cristosal, donde ha sido jefa del área Anticorrupción.
«¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!», gritó López mientras era custodiada por varios policías entre empujones con la prensa.
El 28 de julio, López, fue reconocida con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.
La Fiscalía acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito y además ha puesto el caso bajo secreto.
Cristosal anunció recientemente el cierre de operaciones en El Salvador, denunciando una “escalada represiva” por parte del gobierno de Nayib Bukele contra activistas.
El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.
Según denunciaron la semana pasada diversas organizaciones humanitarias en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su integridad.
