San Salvador, 2 oct (EFE).- El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores, en más de 444 millones de dólares entre enero y agosto de 2025 y ya supera los 10.970 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este jueves por EFE.
Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de 10.525,96 en diciembre de 2024 a 10.970,01 en agosto pasado.
Es decir, que la deuda subió 46,44 millones de dólares en enero, 47,34 millones en febrero y 77,37 millones en marzo. A esto se suma que en abril sumaron 44,72 millones y 47,36 millones de dólares en mayo.
El mes que más incrementó la deuda fue junio, con 87,63 millones de dólares, mientras julio sumó 45,75 millones y agosto 47,44, para un total de 444,05 millones de dólares.
Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público -abandonado a finales de la década de los años noventa del siglo XX-, los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente 2.575,24 millones de dólares.
A esto se añaden 8.394,77 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
Esta reforma, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a 14.900 millones, se mantengan «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».
El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es «un fondo común para los afiliados de las AFP», que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.
Los recursos en mención, ha dicho el FMI, se «agotarían alrededor de 2027», por lo que advierte «es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones».
