València, 31 jul (EFE).- El Comisionado para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, José María Ángel, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y ha lamentado que ha sufrido un «ataque injustificado» que le ha causado un daño personal «enorme».
En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial fechado este jueves, al que ha tenido acceso EFE, el hasta ahora Comisionado insiste en que «jamás» ha falsificado ningún documento y «jamás» se ha valido «de ningún documento falso para acceder a ningún puesto».
Ángel ha dimitido también como presidente de los socialistas valencianos, dentro de la ejecutiva que dirige la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, según han confirmado a EFE fuentes del partido.
«Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor», expone Ángel en su carta al ministro, en la que explica que se jubila y va a dedicarse a defender su «honestidad y honor».
La decisión de Ángel, quien fue nombrado Comisionado especial sobre la dana el pasado 10 de diciembre, llega tras haberse conocido un informe de la Agencia Antifraude que indica que usó un título «presumiblemente falso» para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.
Insiste en que ha quedado «aclarado y documentado» su acceso «de forma legal y reglamentaria» a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia y su posterior reclasificación, y asevera que se le ha sometido a «un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica».
Según expone, desde que accedió a este cargo se han producido «reiteradas actitudes de inquina» hacia él, con el único objetivo de» intentar socavar, dañar y manchar» una trayectoria de servicio «diligente y transparente», pues hasta este nombramiento su trayectoria en la Diputación de Valencia había sido «siempre respetada».
Afirma que se está poniendo en cuestión su trayectoria profesional desde sus inicios, cuando ha «acreditado fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos», y se le está acusando de conductas «muy graves sin ningún tipo de prueba» y sin que se haya podido defender en el procedimiento de la Agencia Antifraude.
«No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea», señala Ángel, quien reivindica que ha servido a la ciudadanía «con entrega, con respeto y con una idea firme», la de que «lo público es sagrado, porque es de todos».
Destaca que, tras más de cuarenta años dedicando su vida al servicio público, puede asegurar que «esta es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día, con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad».
Por ello, «frente al ruido, la sospecha o el oportunismo», dice quedarse «con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse».
«Y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente», asevera.