Asunción, 11 jun (EFE).- La Cámara Baja de Paraguay aprobó este miércoles la intervención administrativa de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, las dos principales localidades del país, debido a presuntas «irregularidades» en su ejecución presupuestaria, lo que puede llevar a la suspensión de sus alcaldes mientras dure el proceso.
En una sesión extraordinaria, se discutieron sendas propuestas remitidas por el Ejecutivo para intervenir estas municipalidades, a pedido de la Contraloría General, que detectó «graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes comunales».
Tras el visto bueno de la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para decretar la intervención y designar a los funcionarios encargados de llevar el proceso, que, según la legislación local, dispone de que mientras dure el caso los intendentes «quedarán suspendidos en sus funciones».
Los interventores tendrán un plazo de 60 días para presentar un dictamen al Ejecutivo, que, a su vez, lo remitirá al Congreso.
Los diputados avalaron con 74 votos a favor y uno en blanco la intervención de la alcaldía de Asunción, administrada por el intendente (alcalde) del gobernante Partido Colorado, Óscar Rodríguez.
En el caso de Ciudad del Este, la segunda localidad en importancia del país y eje del comercio con Brasil y Argentina, se dio paso a la intervención por 47 votos a favor, 27 en contra y 4 en blanco. Esa alcaldía está en manos del opositor Miguel Prieto, quien ha expresado su interés de competir en las elecciones presidenciales de 2028.
El pasado 21 de mayo, el Ministerio del Interior pidió a los diputados la conformación de dos comisiones especiales encargadas de analizar los hechos denunciados por la Contraloría. Ambas fueron integradas seis días después.
En relación a Asunción, la comisión especial aconsejó, por unanimidad, la intervención, mientras que para Ciudad del Estado se dieron dos informes, uno aprobado por mayoría a favor de la medida y otro, con respaldo minoritario, en contra.
Legisladores de oposición, entre ellos la diputada Johana Ortega, cuestionaron la decisión en contra de la municipalidad de Ciudad del Este, al tacharla de «revancha política».
«La decisión ya estaba tomada, porque hoy Miguel Prieto es lo que en dictadura conocíamos como un perseguido político», denunció la legisladora, que comparó lo ocurrido con la época del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).
Por el contrario, el diputado oficialista Hugo Meza defendió la figura como «legal y constitucional» e indicó que Prieto tenía un «faltante» de 42.000 millones de guaraníes (unos 5,2 millones de dólares) en su presupuesto.
Al referirse a Asunción, la capital paraguaya, la opositora Rocío Vallejo cuestionó que el intendente emitió bonos por 580.000 millones de guaraníes (unos 72,8 millones de dólares) para obras en la ciudad, que, según dijo, no realizó.
«¿Dónde está el chiste de emitir bonos, usar para gastos corrientes y no realizar las obras? Y el asunceno es el que luego va a tener que afrontar toda esta deuda», sostuvo la opositora.
