Buenos Aires, 18 mar (EFE).- Docentes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales se sumarán este miércoles, de nuevo, a la marcha de los jubilados argentinos, una semana después de la represión policial que dejó 124 detenidos y 46 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en estado grave.
Los sindicatos de docentes y trabajadores de las universidades públicas, en huelga desde el lunes por los recortes presupuestarios, así como afiliados de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de trabajadores del Estado (ATE), hinchas de clubes, partidos y asociaciones de izquierda han anunciado que estarán junto a los jubilados a las 17:00 hora local (20:00 GMT) en la plaza del Congreso, en el centro de Buenos Aires.
Todos piden la renuncia de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por la violencia policial ejercida la semana pasada.
Además, se suman a los reclamos de los jubilados: subida de pensiones, restitución de cobertura de medicamentos y mantener la moratoria previsional, un plan de pagos para quienes no tienen los aportes necesarios para retirarse y que vence a finales de marzo.
ATE ha dispuesto un cese de tareas de los trabajadores estatales a partir de las 12 del mediodía para sumarse a la manifestación.
“Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y en defensa de la democracia”, dijo el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar.
El Gobierno de Javier Milei ha organizado nuevamente un importante operativo de seguridad en las puertas del Congreso, con vallas para limitar los movimientos.
Advertencia Judicial
El juez federal Martín Cormick advirtió este martes al Gobierno que monitoreará de forma presencial la marcha tras las múltiples denuncias presentadas en la última semana y ante la medida cautelar impulsada por ONGs para que se suspenda el Protocolo de Seguridad planeado por el Gobierno para evitar la marcha de los manifestantes.
“El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”, expuso el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 11.
El pedido de medida cautelar ha sido interpuesto por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
El fotógrafo herido
El fotógrafo Pablo Grillo recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras tomaba fotografías en la marcha de jubilados de hace una semana, y desde entonces está en estado grave y con pronóstico reservado.
Reporteros gráficos argentinos presentaron el lunes una reconstrucción audiovisual donde identificaron al presunto autor del ataque y exigieron la renuncia de la ministra Bullrich.
Según la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), junto a Sipreba, CELS y la red Mapa de la Policía, el presunto autor del disparo se apellida Guerrero y sería un cabo primero de la Gendarmería Nacional.
La posición del Gobierno
El Gobierno defendió desde el primer momento la represión policial ejercida el 12 de marzo para disolver la movilización y afirmó que la protesta constituyó un intento de desestabilización del Ejecutivo.
La ministra Bullrich aseguró que los manifestantes tenían armas blancas y de fuego preparados para “generar violencia” y afirmó que el gendarme, cuyo disparo de gas lacrimógeno hirió gravemente al fotógrafo Grillo, actuó de forma “correcta” .
“Lamentablemente hubo un herido, pero el gendarme cumplió con el reglamento. Que ahora se apunte al gendarme en vez de a los miles que fueron a destruir la democracia y voltear al Gobierno es querer dar la vuelta a la realidad”, afirmó Bullrich.
El Gobierno ha presentado una denuncia penal contra quienes considera promovieron la marcha, entre los que ha incluido a dos alcaldes peronistas, a un exlíder de la extinta guerrilla de los Montoneros y a “grupos organizados” de “barra bravas” de fútbol.
También denunció a la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos, por delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
