Murcia, 15 abr (EFE).- Los propietarios de las dos discotecas incendiadas en Murcia en 2023 en las que fallecieron 13 personas se han negado este martes a declarar como investigados de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y pedirán la comparecencia de nuevos testigos para tratar de esclarecer las condiciones de los empleados de los locales.
La titular del juzgado número 3 de Murcia, que investiga el trágico incendio, amplió la causa el pasado 24 de marzo para determinar si se violaron los derechos de los trabajadores de las salas, y para ello había citado este martes a declarar en calidad de investigado a Juan I.R; Marco M.A. y Eva M.A, todos ellos responsables de la sala Teatre, donde la instrucción sitúa el inicio del incendio, así como a Daniel R.R., gerente de Fonda Milagros, donde murieron las trece víctimas.
Ninguno de ellos ha dado su versión ante la jueza y tampoco han atendido a los numerosos periodistas que aguardaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
No obstante, los abogados que representan al gerente de Fonda Milagros, Francisco Adán y Francisco Javier Verdú, sí han aclarado ante los medios de comunicación que su intención es pedir nuevas pruebas antes de que su cliente preste declaración.
Así, el responsable de la sala de ambiente latino, han dicho, ya compareció en dos ocasiones de manera voluntaria durante la investigación policial para aportar documentación sobre la formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la sala, y solicitará ahora que la jueza llame a declarar como testigos a los miembros de la plantilla para que corroboren esa información.
Asimismo, han cuestionado que una de las víctimas mortales fuera trabajadora de la discoteca. “Una cosa es estar allí y otra, realizar una actividad laboral”, ha señalado.
Es lo que defiende la abogada de sus familiares, Rosa Egea, que ha lamentado que los cuatro responsables de las discotecas no hayan aportado este martes ninguna novedad a la causa, y ha considerado que hay “muchos indicios” que apuntan a esos posibles delitos contra los derechos de los trabajadores.
La abogada defiende que tanto la víctima fallecida como su viudo, que sobrevivió al incendio, trabajaban en Fonda Milagros sin estar dados de alta en la seguridad social.
Además, ha afirmado que la ausencia de medidas de seguridad en las discotecas afectaban no solo a los clientes, sino también a los empleados, y ha considerado que los responsables de las salas deberían aclarar al menos si eran conocedores de esa carencia de medidas.
Trabajadores de Teatre comparecieron en calidad de testigos el pasado 6 de marzo y reconocieron que no habían recibido formación en prevención de incendios, al tiempo que corroboraron carencias en las medidas de seguridad y evacuación de la discoteca.
La abogada se ha referido también al informe pericial recientemente conocido por el juzgado y elaborado por una perito-arquitecta, que subraya diferentes incumplimientos de las normativas de seguridad y antiincendios.
El informe, ha señalado, “es bastante esclarecedor” no solo de esos incumplimientos, sino de la “inactividad de la administración” a la hora de velar por la seguridad en esos locales.
En ese sentido, el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de otras tres víctimas mortales, ha señalado que volverá a solicitar, a raíz de este informe, que se investigue la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia.
La jueza ya ha rechazado en varias ocasiones investigar a funcionarios y responsables municipales en esta causa, una cuestión que está recurrida en la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
En su opinión, cuando un negocio comete incumplimientos, “puede pensar que no va a pasar nada, pero puede ser que pase, y esa es la prevención que debe hacer la administración”, que no exigió a las discotecas regularizar su situación.
“El ayuntamiento debía haber tomado medidas preventivas, porque para eso está la administración, para evitar que pasen este tipo de cosas”, ha argumentado.
Los cuatro responsables de las discotecas están también investigados por presuntos delitos de homicidios por imprudencia y ya comparecieron ante la jueza en febrero de 2024, como también lo hicieron las otras dos personas investigadas en la causa: un DJ que organizó la fiesta temática que se celebraba en Teatre la noche del incendio, y el propietario de una máquina de fuegos fríos que se usó durante la fiesta y que habría originado el fuego.
En el incendio del 1 de octubre de 2023 en las discotecas contiguas Fonda Milagros y Teatre de Murcia murieron cinco ecuatorianos, cinco nicaragüenses y tres colombianos.
