Algeciras (Cádiz), 13 ago (EFE).- El grupo Verdemar Ecologistas en Acción Andalucía ha denunciado que los dos incendios de Tarifa (Cádiz) que han arrasado cientos de hectáreas en los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho se han debido al incumplimiento del convenio de gestión forestal firmado en 2021 entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía sobre prevención de incendios forestales, cuyas medidas «siguen sin concretarse ni aplicarse de forma efectiva».
En un comunicado, Verdemar ha señalado que estos montes, de titularidad municipal, llevan años sin recibir el mantenimiento necesario y que «no se han realizado con la suficiente regularidad los trabajos de desbroce, adecuación de áreas cortafuegos y vigilancia que podrían haber reducido el riesgo de propagación del fuego en ambos incendios».
«Las pérdidas son devastadoras: hábitats destruidos, biodiversidad mermada, daños al patrimonio cultural en pinturas rupestres, a la importante avifauna que existe en la zona con especies en peligro de extinción, daños a viviendas y enseres, y un gravísimo riesgo para las personas evacuadas y al operativo de extinción y desalojo. Un impacto económico y social que afectará a la zona durante años», ha lamentado.
Tras conocer que el incendio de la Sierra de la Plata ha sido intencionado, el grupo ecologista ha apuntado que «la prioridad debe ser la investigación para esclarecer los orígenes de los incendios y la restauración ecológica de las zonas afectadas» para «evitar incendios futuros en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos».
«Estos incendios demuestran la enorme irresponsabilidad ecológica y política de promover urbanizaciones en terrenos forestales», según Verdemar, que ha indicado que «en las zonas de los incendios están previstas o en desarrollo varias macrourbanizaciones, con accesos difíciles, que imposibilitarían la evacuación caso de que los incendios las afectaran».
Para el cumplimiento del plan forestal en la zona, Ecologistas en Acción ha reclamado límites vinculantes a la presión turística y al uso público de los espacios naturales, depuración de responsabilidades políticas y técnicas y cumplimiento de los planes de autoprotección de las urbanizaciones.
