Ecuador confía que tribunal de caso Chevron acoja sus alegaciones para fijar indemnización

Fotografía de archivo que muestra el logotipo de Chevron. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Quito, 4 oct (EFE).- La Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) de Ecuador confía en que el tribunal arbitral que lleva el caso Chevron fije una indemnización para la petrolera ajustada a las alegaciones que fueron presentadas hace tres años en la audiencia.

La directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría, Ana María Larrea, indicó en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil que «es razonable que el tribunal arbitral se tome tres años para hacer un cálculo apegado a derecho y justo».

«El caso es muy complejo y la reclamación de Chevron muy cuantiosa, y hay muchísima prueba», reconoció Larrea sobre este caso, donde el tribunal arbitral ya determinó que el Estado ecuatoriano debe indemnizar a la petrolera estadounidense Chevron y ahora queda pendiente que fije la cantidad de la reparación.

«Es un caso paradigmático, habrá que indemnizar. El laudo de cuantificación de daños aún no ha sido expedido. No sabemos cuánto va a ser», admitió la funcionaria de la Procuraduría, que lanzó la cifra tentativa de 800 millones de dólares, «puede que más o puede que menos».

Larrea deseó que el país pueda tener «un marco legal que haga que las personas que han causado daño y han generado indemnizaciones (a pagar por el Estado) respondan por ello».

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Una sentencia emitida en 2011 por una corte de Lago Agrio, en Ecuador, cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados, pero la empresa recurrió en instancias internacionales este fallo al alegar que fue obtenido «a través de fraude, sobornos y corrupción» el tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en 2018.