Quito, 10 jun (EFE).- El creciente reclutamiento de menores de edad por las bandas del crimen organizado causantes de la ola de violencia que afecta a Ecuador han llevado a que el Gobierno cree un comité para erradicar el enrolamiento de adolescentes en estos grupos delictivos, una estrategia convertida ahora en política nacional que, según el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, busca rescatar a estos jóvenes y darles una alternativa distinta de futuro.
«Es parte de una estrategia que ya se estaba implementando, pero ahora, al elevarlo a la política nacional (a través de un decreto ejecutivo), se le otorga la relevancia necesaria», detalló Burbano en una entrevista con EFE.
El comité se conformará con representantes de 17 instituciones del Gobierno nacional, entre las que destacan la Vicepresidencia y los ministerios de Inclusión, Salud, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores.
También lo integrarán el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que es la agencia del Gobierno encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas, y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre otras oficinas.
Por su parte, la cartera ministerial liderada por Burbano será la encargada de «implementar casas de acogida para niños rescatados de grupos de delincuencia organizada».
Además, según añadió el ministro, también están trabajando «con el Bloque de Seguridad (formado por la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Gobierno) para identificar cuáles son los focos con familias más vulnerables y vincularlos a los servicios del Estado».
La primera reunión del comité se celebrará en los próximos 15 días. «Ya hemos estado conversando con varias instituciones para llegar a este primer encuentro con acciones trabajadas», indicó el ministro.
Tres líneas de actuación
El comité trabajará sobre tres escenarios. El primero tratará con menores que ya hayan sido detenidos o hayan estado involucrados en procesos penales, con una «estrategia puntual de rescate» y, después, «vinculándolos a servicios del Estado».
Desde enero a junio de 2025, entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados por su vinculación al crimen organizado, detalló el ministro. La cifra del año anterior, entre enero y octubre, fue de 3.086 niños arrestados.
El segundo se centrará en niños que, si bien todavía no han tenido problemas con las fuerzas de seguridad, están «de alguna forma vinculados» con el conflicto armado.
El tercero, centrado en la prevención, se focalizará en menores residentes en zonas identificadas como «prioritarias por la intensidad del conflicto». Los cálculos del Gobierno, según detalló Burbano, es que existen 20.000 familias vulnerables ubicadas en estas regiones prioritarias. «La acción más importante es generar una política pública de prevención», reseñó el ministro.
Las zonas más conflictivas son las provincias de la costa, como Guayas o Manabí, que también concentrado la mayor incidencia de delitos, además de las fronteras con Colombia y Perú y, más recientemente, la provincia amazónica de Orellana, impactada por la proliferación de minería ilegal de oro en sus ríos y la presencia de disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como los Comandos de la Frontera.
La estrategia del comité será «multinivel», explicó Burbano, y contará con «decisiones políticas» y trabajo «técnico, operativo y logístico» que se desarrollará de forma permanente.
Falta de oportunidades
La pobreza y falta de oportunidades aumentan la vulnerabilidad de estos menores. «Generalmente, todos los niños vinculados a la violencia tienen detrás un mecanismo de cohesión directo o indirecto», comentó el ministro.
«Sobre esas causas hay que atacar. Frenar la cohesión y que el Estado tome control efectivo en esos territorios», señaló Burbano.
«La estrategia a corto plazo es sacarlos de estos espacios de conflicto. Por eso la identificación de necesidades de las familias es fundamental para darles nuevas oportunidad», añadió.
La intención del Gobierno nacional es que este plan nacional funcione de manera similar a la estrategia para la erradicación de la desnutrición infantil: «La creación de la Secretaría técnica ha hecho que los objetivos puedan cumplirse a corto plazo. Lo mismo queremos que ocurra. El comité construirá indicadores y hará el seguimiento de implementación en territorio».
No obstante, todavía se desconoce cómo evaluarán los resultados de la estrategia porque dichos indicadores los diseñarán «en las próximas reuniones», señaló.
Además, el comité no contará con un presupuesto específico, sino que se financiará con los fondos de cada institución involucrada.
Andrea Farnós
