Quito, 22 sep (EFE).- Ecuador comienza este lunes una semana crítica por el anuncio de protestas lideradas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel, y por el pulso que mantiene el Ejecutivo con la Corte Constitucional (CC), atizado por el intento inicial del jefe de Estado, Daniel Noboa, de llamar a un referéndum para una Asamblea Constituyente sin el control previo del alto tribunal.
El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 protestas masivas que obligaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar macha atrás en su intención de eliminar los subsidios a los combustibles.
Ahora, la Conaie exige la derogación inmediata del decreto con el que el pasado 12 de septiembre se anunció la eliminación el subsidio al diésel, por lo que el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Pero también pide que el Impuesto al Valor Agregado vuelva al 12 %, luego de que el año pasado Noboa lo elevó en tres puntos a fin de recaudar dinero para avanzar en su lucha contra la inseguridad en Ecuador, país al que declaró en ‘conflicto armado interno’ contra los grupos criminales, a los que atribuye el incremento de la violencia.
La Conaie también protesta «por la inseguridad sin freno» y por el «autoritarismo y concentración de poder de Noboa», entre otros motivos, pero aparentemente los dirigentes no han logrado la unidad de ocasiones anteriores, porque algunas organizaciones de la Amazonía han anunciado que no acatarán el paro.
A primeras horas de este lunes se registraron esporádicos cierres de vías en las provincias de Imbabura y Pichincha, que policías y militares despejaron para habilitar la circulación en Ecuador, que amaneció mayoritariamente tranquilo, según el Gobierno, mientras la Conaie ha denunciado represión contra manifestantes en las mencionadas provincias.
El analista César Ulloa presume que el «ciclo de protestas» que inicia esta semana, tomará fuerza en el transcurso de los días, pese a que rige un estado de excepción en siete provincias y el toque de queda en cinco decretado, este último, tras la convocatoria de un paro nacional por parte de la Conaie.
Más tensión con la Corte
En otro frente abierto, el pulso que ya mantenía Noboa con la CC por haberle suspendido parcialmente artículos de tres leyes que el Ejecutivo considera indispensables para la lucha contra la inseguridad, se agudizó el pasado viernes cuando Noboa convocó por decreto a un referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna.
Pero la CC admitió a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad, que suspendieron el decreto, que luego Noboa derogó para emitir otro con la misma convocatoria, a fin de que conozca la propuesta el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya el sábado había abierto un período electoral para un referéndum el 16 de noviembre con solo dos preguntas: instalación de bases militares extranjeras y financiación a organizaciones políticas con dinero público.
Sin embargo, el CNE remitió el análisis a la Corte Constitucional, que Ulloa presume que no se pronunciará a favor de Noboa, quien «va a querer presionar al CNE bajo el criterio de que (ahora) es la máxima autoridad al haberse declarado un período de elecciones».
«Es una semana demasiado conflictiva porque se acumulan varias cosas», insistió Ulloa a EFE en momentos en que la CC avanza en el análisis de los contenidos del decreto de Noboa luego de que el domingo determinase que es correcta la vía propuesta por Noboa para redactar una nueva Constitución en reemplazo de la aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La Asamblea Constituyente fue una de las más grandes promesas de la campaña electoral de Noboa, reelegido este año para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023 en elecciones extraordinarias para completar el período de Guillermo Lasso, quien aduciendo bloqueos en el Parlamento (que desarrollaba un juicio político en su contra) disolvió el Legislativo y pidió la convocatoria a elecciones aplicando así la medida constitucional conocida popularmente como «muerte cruzada».
