Educación y sindicatos empiezan a negociar jornadas de docentes y ratios en las aulas

/Archivo. EFE/ Sergio Pérez

Ruth del Moral

Madrid, 21 abr (EFE).- Las condiciones del desempeño docente, sus jornadas lectivas, las ratios en las aulas y la burocratización que afronta el profesorado entra en revisión tras las vacaciones de Semana Santa y el Ministerio de Educación y los sindicatos públicos de la enseñanza no universitaria se reunirán próximamente para retomar la negociación del Estatuto del Docente.

La Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario que formó cuatro grupos de trabajo hace menos de dos meses reinicia sus trabajos con la primera reunión del grupo que tratará las condiciones laborales del profesorado, la principal reivindicación sindical y que fuentes de varios sindicatos ven con optimismo.

“Las negociaciones van en proceso”, señalan a EFE fuentes desde CCOO mientras que STES-i también ve posible llegar a un pacto antes de que termine la legislatura, aunque sea bajando ratios y horas lectivas “de forma quirúrgica”, tal como señalan que les ha transmitido el Ministerio.

CCOO insiste en que se podría retomar la propuesta sindical que se iba a incluir hace unos años en el real decreto de modificación de requisitos mínimos de los centros para que el alumnado más vulnerable cuente doble a efectos de ratio.

También que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje compute a efectos de apoyos de especialistas de Pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, con una ratio máxima de 12 a 1.

Unas medidas que conllevarían la contratación de 34.000 docentes en todo el Estado.

Otras fuentes cercanas a las negociaciones creen que el Ministerio podría bajar ratios por centros, según su conflictividad o presencia de colectivos vulnerables.

En lo que todos coinciden es en que se debe legislar para fijar un máximo de alumnos por clase a nivel estatal, para que en el ciclo de Infantil y Primaria se bajen de los 22 alumnos por aula, en Secundaria sean menos de 30 y en bachillerato menos de 35.

“Luego cada comunidad autónoma puede ir a más en esta reducción”, señalan desde ANPE, que también recuerdan a EFE la necesidad de reducir las horas lectivas semanales. El Consejo Escolar del Estado recomienda fijar el máximo en 23 horas para Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 para la ESO.

UGT insiste en bajar a las 15 horas para Secundaria y Bachillerato y a 18 horas para Infantil y Primaria.

Y es que, según el estudio de la OCDE “Education at a Glance 2024”, España supera en más de 140 horas la media de la OCDE en la ESO y en los tres primeros cursos es el segundo país con más carga lectiva obligatoria, muy alejado de Alemania, Dinamarca, Francia o Italia.

“Somos optimistas y si han convocado este grupo de trabajo, que era fundamental, es que hay voluntad”, recalcan desde ANPE. En CCOO indican que en esta nueva reunión también debería hablarse de las jubilaciones y la reclasificación de los cuerpos A2 en A1.

Temas que no están fijados en ningún grupo de trabajo y que el Ministerio quiere tratar de forma trasversal.

Reclasificaciones y niveles

La integración de los maestros en el grupo A1 como está el resto del profesorado es una reivindicación fundamental para los sindicatos, aunque, mientras CCOO, UGT, ANPE y CSIF apuestan por mantener los distintos niveles dentro de este grupo, STES-i aboga porque estén todos en el mismo y no haya diferenciación.

UGT pide la incorporación de todos los cuerpos docentes al A1 con revisión de los complementos, partiendo al menos del nivel 24 para el cuerpo de maestros y del nivel 26 para el resto de cuerpos docentes.

También aboga por incentivos para los puestos de difícil desempeño y señala que las dificultades en la cobertura de estas plazas o en la estabilidad de la plantilla “podrían atajarse, además de con los puntos en los concursos de traslados, con incentivos materiales y no materiales”.

La intención del Ministerio es avanzar en la homologación de la categoría de los maestros con la del resto de docentes pero esta última negociación afectaría al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y algunas fuentes sindicales calcularon un coste de unos 960 millones de euros anuales.

De momento, los sindicatos siguen apostando por ir cerrando acuerdos a corto plazo en cuestiones prioritarias sin necesidad de esperar a aprobar el Estatuto del Docente pendiente desde 2007.