Quito, 13 sep (EFE).- El Ejecutivo ecuatoriano anunció que trabajará temporalmente desde este sábado en la provincia de Cotopaxi para tener un mayor acercamiento con la ciudadanía, mientras transportistas de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, indicaron que paralizarán sus actividades desde el próximo lunes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
El traslado de sede refleja «el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía», informó la Presidencia en un comunicado.
De su lado, Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, anunció que decidieron «suspender el servicio desde las cero horas del día lunes, hasta que la autoridad nos llame a una mesa de trabajo, una mesa técnica, para que podamos conocer cómo fue el proceso para llegar a este incremento del diésel».
La medida se adoptó luego de que el viernes el Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel, por lo que el precio de este combustible pasó desde este sábado de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Además del transporte público en Pichincha, se ha anunciado que se suman a la paralización grupos de taxistas y del transporte escolar y turístico, mientras que otros transportistas anunciaron que trabajarán solo hasta terminar el diésel con el que cuentan.
«Paquetazo» al pueblo
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, calificó de un «nuevo paquetazo» la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que «el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular».
La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) que les obligaron a recular ante medidas similares de eliminar los subsidios los combustibles, apuntó que «Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo».
También el Frente Unitario de Trabajadores habló de «un nuevo ataque de Noboa a la economía de los trabajadores y del pueblo».
Señaló que en la canasta básica, el transporte representa aproximadamente el 20 %, por lo que advierte que subirán los costos de los productos de primera necesidad, «generando un impacto directo en la inflación anual de al menos tres puntos porcentuales».
Asimismo, para la bancada de la Revolución Ciudadana, el mayor bloque opositor en la Asamblea Nacional, la medida es «una bola de nieve» que recorre «toda la cadena productiva».
De su lado, el frente Unidad Popular opinó que las compensaciones anunciadas por el Gobierno al eliminar el subsidio «son temporales e insuficientes».
Según cálculos oficiales, la eliminación del subsidio supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares, que se destinarán a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
Pero Unidad Popular cree que el Gobierno «miente» y «quieren sacrificar al pueblo para cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI)».
En los planes económicos de Noboa figura reducir el déficit estatal, que alcanzó casi el 5 % del producto interior bruto (PIB) cuando llegó al poder en 2023, y cumplir las metas del programa crediticio del FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028).
La eliminación de los subsidios de los combustibles se suma a la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios y el anuncio del despido de 5.000 funcionarios.
Medida «acertada»
Para la Cámara de Comercio de Quito, la eliminación del subsidio al diésel fue una medida «acertada» y necesaria para fortalecer la estabilidad económica y sentar bases de desarrollo sostenible, mientras que la Cámara de Industrias y Producción respaldó la decisión de reorientar los subsidios hacia las familias más vulnerables.
La Cámara de Comercio de Cuenca sostuvo que la medida fortalece la sostenibilidad fiscal y la competitividad del país, en tanto que para la Cámara de Industrias de Guayaquil, la decisión es «un paso importante para ordenar las finanzas públicas y al mismo tiempo fortalecer la competitividad del aparato productivo del país».
El Gobierno señaló este sábado que con el Programa de Redistribución de Recursos, inició el pago de incentivos productivos y sociales que reemplazan «subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas».
Asimismo, indicó que comenzó a acreditar la devolución del Impuesto al valor Agregado (IVA) a 115.000 adultos mayores y personas con discapacidad.
Además, el Bono de Desarrollo Humano se amplía a 50.000 nuevas familias y entregará el Bono Raíces, una transferencia de 1.000 dólares a 100.000 agricultores, entre otras acciones.
