El 57 % de los barcos del Mediterráneo exceden la velocidad aconsejada y afectan a las ballenas

En la imagen de archivo, una ballena jorobada. EFE/ Ernesto Guzmán

Madrid, 1 oct (EFE).- El 57 % de los barcos que recorren el Mediterráneo noroccidental no reducen la velocidad de navegación pese a las recomendaciones internacionales para evitar las colisiones con ballenas, como el rorcual común y el cachalote, catalogadas en peligro de extinción, según ha evidenciado un análisis presentado este miércoles por OceanCare.

El informe, que compara los datos de tráfico marítimo entre 2023 y 2024, ha mostrado que los casi 48 millones de kilómetros recorridos por el conjunto de barcos en aguas de la Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) del Mediterráneo noroccidental han sobrepasado los límites recomendados de 10-13 nudos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La responsable de OceanCare, Valérie Pimentel, ha explicado durante la rueda de prensa que el exceso de velocidad de las embarcaciones en estas áreas establecidas es la “mayor amenaza de muerte para ballenas que están catalogadas en peligro de extinción” según la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los ferris son considerados los barcos “más peligrosos” para las ballenas, ya que más del 90 % de la distancia que recorrieron entre 2023 y 2024 excedió la velocidad aconsejada, lo que “los convierte en una fuente significativa tanto de ruido submarino como de riesgo de colisión”.

El portavoz de OceanCare, Carlos Bravo, ha coincidido en que los “ferris son el principal problema” para los cetáceos porque son los que “más distancia navegan y van a más velocidad”.

En el caso de los buques mercantes, el análisis ha constatado que más del 80 % de la distancia total que recorren estos barcos (equivalente a más de 25 millones de kilómetros) se “realizó a velocidades superiores a los 10 nudos”.

“La única manera para reducir las muertes de las ballenas es reduciendo la velocidad de los barcos que navegan las zonas protegidas”, ha dicho Bravo.

Una zona protegida

En 2023, la OMI aprobó la designación del Mediterráneo noroccidental como Zona Marina Especialmente Sensible y estableció una medida de carácter voluntaria de reducir la velocidad de los barcos a 10-13 nudos.

En opinión de Bravo, el carácter “voluntario” debe cambiarse a obligatorio para lograr que los barcos cumplan con los límites de velocidad que garanticen que las colisiones con ballenas no sean letales.

Pimental ha explicado que en esta zona del Mediterráneo se ubica el Corredor de Migración de Cetáceos, un espacio de alto valor ecológico que fue designado por España en 2018 como Área Marina Protegida (AMP) y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) por el  Convenio de Barcelona de Naciones Unidas en 2019.

“Los rorcuales pueden estar en cualquier parte y en cualquier momento”, ha dicho Bravo, por lo que la solución “tampoco puede estar enfocada sólo en cambiar las rutas de las embarcaciones”, sino más bien en la reducción de la velocidad.

Límite obligatorio

Las organizaciones que participaron del análisis, entre las que están Ecologistas en Acción y Bluewave Alliance, han concluido que “los datos demuestran que las recomendaciones de reducción de velocidad voluntarias no están siendo suficientes” para proteger a las ballenas.

Por ello, han enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para que implemente “un límite general de velocidad obligatorio” de 10 nudos para todas las embarcaciones, ha afirmado la portavoz de Ecologistas en Acción, Marta García.

Esto también traería otros beneficios para el medio ambiente, como la reducción del 13 % de gases de efecto invernadero y una disminución del 20 % del consumo de combustible.

Bravo ha explicado que se podría considerar cada caso, según el tipo de embarcación y su finalidad, para lograr que la «actividad económica sea compatible con la protección de las ballenas».

Hasta la fecha, la petición ha sido respaldada por 60 personas del ámbito científico y jurídico y fue entregada a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la Conferencia de la ONU sobre océanos, en junio de este año.