Madrid, 09 jul (EFE).- Existen «carencias muy extendidas» en los juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer, como por ejemplo que en el 79 % de ellos no existan espacios específicos destinados a las víctimas y un 60 % no disponga de salas de espera para los menores de edad.
Esta es una de las conclusiones más destacadas de un informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber encuestado a los titulares de estos juzgados, con el objetivo de conocer su funcionamiento y sus necesidades.
Más de la mitad de los jueces y juezas titulares de los 477 órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer en España han respondido a la encuesta, que preguntaba sobre la situación de las instalaciones, la disponibilidad de abogados de oficio, las oficinas de atención a las víctimas, las unidades de valoración forense o los cursos de reeducación para agresores.
En un comunicado, el CGPJ ha informado de que se han detectado «carencias muy extendidas», así como «importantes diferencias interterritoriales», una información que permitirá al Observatorio «impulsar la adopción de medidas orientadas a remover los obstáculos que eventualmente puedan entorpecer la labor de los juzgados, y garantizar así una óptima respuesta institucional a las víctimas de violencia de género».
Las referidas carencias en las instalaciones se evidencian en que el 79 % de los juzgados no dispone de espacios específicos para las víctimas, el 61,1 % no tiene salas de espera para víctimas acompañadas de menores y el 68,8 % carece de cámara Gesell.
Los titulares de los juzgados valoran las instalaciones con una media de 2,9 sobre 5, con notables diferencias por territorios: la satisfacción es menor en Baleares (2), Andalucía (2,6) y Asturias (2,8). Se registran mejores cifras en los juzgados exclusivos (3,1) y más bajas en los compatibles (2,7).
Uno de los recursos que obtienen peor nota son los cursos para agresores (2,2), en gran parte debido a que no hay disponibilidad en el 71,6 % de los órganos judiciales.
La misma puntuación obtienen los dispositivos de control telemático de agresores, con quejas referidas a la demora en su instalación (en el 30 % de los casos superior a 5 horas) y siete de cada diez jueces encuestados no está satisfecho con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias.
Mejor nota alcanzan las unidades de valoración forense integral (2,9 sobre 5), aunque son frecuentes las críticas sobre el retraso en la emisión de informes debido a la falta de profesionales. En el 44 % de los órganos judiciales las demoras superan los seis meses, siendo más ágiles las unidades de los juzgados de lo penal.
La mejor puntuación la obtienen las oficinas de asistencia a las víctimas (3,8), si bien sólo están presentes en el 51,7 % de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer.
También aparece como positiva la disponibilidad de letrados de oficio específicos para procedimientos de violencia sobre la mujer en todo el territorio, siendo el porcentaje medio de órganos judiciales que sí cuentan con ellos del 83,7 por ciento.
El peor dato lo arroja Extremadura (donde sólo están presentes en el 58,3 % de órganos judiciales), mientras que en Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid cuentan con ellos en el 100 % de los juzgados.
Tras conocer el informe del Observatorio, el Pleno del CGPJ lo ha remitido a sus vocales territoriales para que «se adopten las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de estos órganos judiciales», y también ha acordado enviarlo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
