Oviedo, 11 abr (EFE).- Transcurridos once días desde que el 31 de marzo una explosión registrada en la mina asturiana de Cerredo dejase cinco fallecidos y cuatro trabajadores heridos de gravedad, el Gobierno autonómico comparecerá este viernes por primera vez ante el Parlamento regional para informar sobre el accidente y las investigaciones que hay en marcha.
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, será la encargada de dar las explicaciones, cuando ya se ha producido una primera inspección técnica al interior de la mina para recabar pruebas y en la que se detectó también la presencia de gas grisú, que se baraja como origen de la explosión que provocó el mayor accidente minero registrado en Asturias en las últimas tres décadas.
Todos los grupos de oposición en el parlamento autonómico, pero también IU-Iniciativa por Asturies, socio del PSOE en el Gobierno autonómico, ya han reclamado la necesidad de que se aclare políticamente lo sucedido en torno al accidente y que se depuren responsabilidades, por lo que no descartan pedir la creación de una comisión parlamentaria que lo investigue.
El foco, por el momento, sigue puesto en Blue Solving, la empresa que explotaba la mina con una licencia de investigación para hacer grafito y otra para la retirada de chatarra y viejos materiales, pero que en ningún caso le permitían la extracción de carbón.
No obstante, a la consejera de Industria, que hasta febrero se encontraba al frente de la Dirección General de Energía y Minería del Principado, también le llueven las críticas por haber dado “permisos de investigación a empresas que parecen chiringuitos”, según Foro, o por mantenerlos pese a “saber desde hace más de tres años” que sacaban carbón, según el PP.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido a llegar “hasta el final, caiga quien caiga” en una investigación en la que aún debe aclararse si la actividad de la empresa se ajustaba a las licencias concedidas o qué pasó con las denuncias de empresas y particulares que alertaban a las autoridades autonómicas de que se estaba sacando carbón ilegal.
