Lima, 1 oct (EFE).- El alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, celebró este miércoles el anuncio del fondo de inversiones canadiense Brookfield de liquidar la empresa Rutas de Lima, concesionaria de tres importantes arterias viales de la capital peruana y que denunció una «expropiación» de su inversión y un «hostigamiento» de autoridades como el burgomaestre limeño.
«Quiero declarar mi gran alegría por que ayer se declaró en quiebra, después de haber robado todo. Por lo menos hay uno menos. Bien quebrados están. Para mí es un día de fiesta. Vamos sacando la corrupción del Perú. Lárguense a su país», dijo López Aliaga en referencia a Rutas de Lima, a la que denominó «Ratas de Lima».
El alcalde limeño llegó al cargo en 2023 con la promesa de eliminar los peajes en la ciudad, entre ellos los de Rutas de Lima, que Brookfield adquirió a mediados de 2016 a la constructora brasileña Odebrecht, que aparentemente obtuvo la concesión y adendas al contrato original con pagos irregulares a campañas electorales de la izquierdista exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
La concesión de Rutas de Lima, iniciada en 2013, suponía la operación y mantenimiento de dos tramos en la Carretera Panamericana que atraviesan la capital peruana, de 31,5 y 54,1 kilómetros en el norte y sur de la ciudad, respectivamente, así como la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, que atraviesa la zona este.
Brookfield señaló este miércoles -en un comunicado- que «la serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima», al punto de que «la pérdida de valor de la misma es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo», tras haber invertido 3.300 millones de soles (unos 951 millones de dólares ó 810 millones de euros).
Los cobros de peajes, especialmente en el tramo norte de la zona de Chillón, generaron fuertes protestas contra el precio dispuesto, al tratarse prácticamente de la única alternativa para poder entrar y salir de la ciudad en este sector.
Por ese motivo, el Tribunal Constitucional suspendió ese cobro en la zona en mención, lo que supuso a la empresa «perder más del 50 % de sus ingresos», a lo que sumó otra sentencia similar que suspendió el cobro en la zona sur y «aumentó las pérdidas de la compañía al 60 % de los ingresos».
Luego se dio «la toma indebida del tramo (pendiente de construir) de Ramiro Prialé que ha impedido que la empresa pueda construir y operar este tramo, pese a los más de 500 millones de soles (unos 144 millones de dólares ó 122 millones de euros) de Rutas de Lima invertidos».
«Perú asegura que busca atraer la inversión extranjera, pero el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario», agregó el jefe global de operaciones de Brookfield, Ben Vaughan.
El fondo de inversiones demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares (unos 2.492 millones de euros) por considerar que se ha afectado su inversión.
La adquisición de Rutas de Lima por parte de Brookfield se produjo a mediados de 2016, cuando todavía no se conocía el escándalo de corrupción de Odebrecht, pues fue a finales de ese año cuando saltó a la luz la gigantesca trama de sobornos y financiamiento irregular de campañas electorales realizado por la empresa brasileña a cambio de contratos de obras públicas en diversos países de Latinoamérica.
