Buenos Aires, 8 jul (EFE).- El presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, completó este martes un año con facultades delegadas por el Parlamento que le han habilitado a gobernar por decreto con la ‘motosierra’ en mano, sin límites, para achicar el Estado y avanzar en la desregulación de la economía.
Lo que el Gobierno de Milei llamó emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, con plazo de un año, comenzó el 8 de julio de 2024, cuando el Legislativo dio al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.
La declaración de esa emergencia es uno de los aspectos clave de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como ‘ley ómnibus’ o ‘ley bases’, aprobada por el Parlamento argentino en junio de 2024.
Esta norma, junto con el plan de ajuste de ‘shock’ fiscal, ha constituido el corazón del programa del Gobierno de Milei, que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023.
La polémica ley no solo otorgó al Ejecutivo facultades propias del Parlamento sino que, además, permitió la reforma del Estado, habilitó a privatizar empresas estatales, supuso cambios en la legislación laboral y permitió dar incentivos al sector de la energía y los hidrocarburos y a grandes inversiones.
Gobernar por decreto
Uno de los puntos más controvertidas de la ley es la amplia delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, lo que para muchos expertos contradice el principio republicano de división de poderes.
«Lo más terrible fue entregarle al presidente atribuciones extraordinarias, darle poder absoluto. Argentina es una república. La ‘ley bases’ es un desastre», dijo a EFE el economista Pablo Tigani, director ejecutivo de la Fundación Esperanza.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ‘ley bases’ habilitó una delegación legislativa «sin precedentes, permitiendo que el Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio pasado: 75 decretos de necesidad y urgencia y 82 decretos delegados».
Estos decretos implicaron la disolución de una decena de organismos y programas públicos, la eliminación de una veintena de fondos fiduciarios y la transferencia o reducción de rango de entes y áreas gubernamentales.
También se usaron decretos para desregular sectores claves de la economía argentina como la energía, el transporte aéreo y marítimo y la telefonía móvil, entre otros.
«A un año de la ‘ley bases’ lo que se puede confirmar es que no generó inversiones ni empleo, que favoreció a los sectores más concentrados de la economía y que la aplicación de la ‘motosierra’ estuvo caracterizada por la eliminación de la obra pública y de los fondos de fideicomisos sin explicar dónde terminó ese dinero», afirmó a EFE el director del CEPA, Hernán Letcher.
Sin inversiones ni empleo
Como parte de su estrategia de meter ‘motosierra’ al Estado para achicar su tamaño y obtener fondos con los que apuntalar su objetivo de ‘déficit cero’, Milei busca la privatización de empresas.
La ‘ley bases’ le ha habilitado a desprenderse de ocho del total de 41 empresas públicas de Argentina.
El Gobierno ha dado pasos para la privatización de Energía Argentina (Enarsa), Corredores Viales, la firma de servicios aeroportuarios Intercargo y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque de momento no se concretó ninguna operación.
La ‘ley bases’ también creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales e impositivos a proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares.
Catorce proyectos han solicitado su adhesión al RIGI, pero solo cinco de ellos -energía y minería- han sido aprobados, de los cuales cuatro ya existían antes de la creación del régimen de incentivos.
Según el CEPA, las inversiones de magnitud prometidas para adherir al RIGI «no sólo no se han concretado», sino que la inversión extranjera directa ha decrecido desde la asunción de Milei.
Uno de los pilares de los cambios en materia laboral incluidos en la ‘ley bases’ fue el llamado «plan de regularización del trabajo no registrado», que libra de penalidades a los empleadores que formalicen a trabajadores informales y extiende el período de prueba.
Estas modificaciones no lograron fomentar el empleo. Según datos del CEPA, desde la llegada de Milei al Gobierno y hasta marzo de 2025 se perdieron 115.353 puestos formales del sector privado, en tanto que solo se registraron 7.660 trabajadores que obtuvieron empleo y antes estaban en la informalidad.
Además, debido a las política de desarticulación del Estado, se perdieron 58.210 puestos de sector público.
Natalia Kidd
