Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado este domingo a «la sensatez, la cordura y el diálogo responsable» ante la escalada de violencia durante las protestas contra una reforma a la Seguridad Social en la provincia de Bocas del Toro, la zona bananera del país limítrofe con Costa Rica.
«O permitimos que la confrontación nos desborde y nos divida aún más, o apostamos, como país, por la sensatez, la cordura y el diálogo responsable», dijo durante su homilía dominical el arzobispo Ulloa, según informó la Arquidiócesis de Panamá en un comunicado.
Ulloa señaló que “cerrar las puertas a la escucha equivale a prolongar el sufrimiento y profundizar las heridas de la nación» y que «es precisamente cuando más se agudizan los conflictos, cuando más se necesita valentía para escucharse, dignidad para respetarse y humildad para construir en conjunto».
El prelado también enfatizó que las calles han sido “el eco de un pueblo que clama por cambios profundos”, pero subrayó que «también deben ser el punto de partida para una transformación basada en la dignidad humana, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida».
«A los educadores, trabajadores, productores, jóvenes, comunidades indígenas y movimientos sociales les pedimos que no dejen de luchar por la justicia, pero que lo hagan con respeto, con inteligencia colectiva y con la mirada puesta en el bien común», señaló el jerarca católico panameño.
Continúan saqueos y la economía golpeada en Bocas del Toro
Las protestas contra una ley ya en vigor que reforma la Seguridad Social de Panamá «escalaron peligrosamente» esta semana en Bocas del Toro, tanto que el Gobierno decretó el viernes el estado de urgencia durante cinco días, en los que se suspenden derechos como la libertad de tránsito, reunión, expresión y se suspendieron las telecomunicaciones.
La escalada de los disturbios comenzó después del despliegue policial a raíz de que grupos de manifestantes desconocieron el trato hecho entre los trabajadores bananeros de esa provincia y diputados para levantar los bloqueos viales mantenidos desde abril, a cambio de la aprobación de una nueva norma con mayores beneficios laborales para el sector bananero.
La salida legislativa se propuso para levantar el paro que los trabajadores de la industria bananera iniciaron en abril al sumarse a las protestas lideradas por sindicatos docentes y de la construcción contra la mencionada reforma a la Seguridad Social, al considerar que dicha modificación a la ley anterior afectaba sus beneficios laborales.
Pese al acuerdo con el sindicato bananero, desde la noche del jueves, se han producido saqueos y vandalismo a instituciones públicas, comercios, un estadio y el aeropuerto regional, además de quema de vehículos en la ciudad de Changuinola, dentro de Bocas del Toro, mientras que las autoridades panameñas señalan a pandillas delincuenciales como responsables de estos desmanes.
De los 192 arrestados desde el inicio del despliegue policial, 90 son presuntos miembros de pandillas, según el balance oficial de este domingo.
Según el Gobierno y la Policía, una de las empresas saqueadas la noche del pasado jueves fue Chiquita Panamá, la bananera que tuvo que cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a paro.
«La fruta se está perdiendo. El Gobierno no quiere negociar y solo está bravo (enfadado). Hay mucha gente enferma, sin trabajado y la familia sin nada para comer», dijo a EFE este domingo Octavio, un joven residente de una comunidad bananera de Bocas del Toro.
Así, Bocas del Toro se encuentra desde abril sumergida en una grave crisis, agudizada la última semana, con su economía golpeada -al ser dependiente de los sectores turístico y bananero- y con falta de insumos básicos al ser una provincia mayormente insular.
