Madrid, 24 jun (EFECOM).- El Gobierno ha autorizado la opa del BBVA al Sabadell con la condición de que en los próximos tres años no haya una fusión, por lo que ahora el potencial comprador tendrá que decidir si sigue adelante con su plan y traslada su oferta a los accionistas del banco catalán.
En su mano el BBVA sigue teniendo la opción de tirar la toalla y renunciar a la opa o incluso de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, al que podría pedir cautelarmente que deje en el aire la condición impuesta por el Gobierno.
El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha alumbrado, por fin, su decisión sobre la opa anunciada hace trece meses siempre que el BBVA se comprometa a mantener de forma independiente la personalidad jurídica y patrimonio del Sabadell, así como la autonomía en la gestión de su actividad.
Una vez transcurridos esos tres años, el Ejecutivo, aunque cabe la posibilidad de que haya cambiado, evaluará, a partir de dos informes de las propias entidades si han cumplido con las medidas impuestas para preservar el interés general, o de lo contrario la imposibilidad de llevar a cabo una fusión se alargará dos años más.
Este es el único «gancho» del Gobierno para que el BBVA cumpla, ya que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido esta tarde que no habrá forma de controlarlo ni la posibilidad de imponer sanciones si no lo hacen.
El Gobierno ha endurecido la operación con el argumento de mantener la financiación a las pymes y a empresas algo mayores, las fundaciones de ambas entidades, la red de oficinas y el mantenimiento del empleo.
El ministro de Economía ha asegurado este martes que la decisión del Gobierno de que el BBVA no pueda llevar a cabo una fusión con el Sabadell al menos en los próximos tres años se ha tomado con «criterios técnicos» y no por «el equilibrio político» del Gobierno.
Sin entrar a valorar la posibilidad de que el BBVA recurra el acuerdo del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, Cuerpo ha considerado que la decisión está «bien justificada» y la condición es que las dos entidades se mantengan independientes al menos tres años.
Si prospera la opa, el BBVA tendrá vía libre para renovar al consejo de administración del Sabadell en función del porcentaje que llegue a controlar de la entidad, así como a su cúpula, tanto presidente como consejero delegado, siempre cumpliendo con las normas de buen gobierno y defendiendo los intereses de la entidad.
El ministro no oculta que la intención del Ejecutivo es evitar el impacto sobre el empleo y los clientes que podría tener una fusión entre el BBVA y el Sabadell, tirando de la experiencia de otros procesos en el pasado e insiste en que la actuación de manera autónoma de los dos bancos busca maximizar el valor de cada entidad.
Sin embargo, a renglón seguido, ha dejado en el aire la posibilidad de que tanto el BBVA como el Sabadell, en un hipotético futuro en el que esté controlado por el primero, puedan acometer ajustes de plantillas o de la red de sucursales, siempre que lo hagan dentro de la estrategia de cada entidad.
Ni siquiera ha rechazado que decisiones clave para obtener sinergias como la integración de las plataformas tecnológicas no se pueda hacer, pues a varias preguntas al respecto la idea trasladada es que cada entidad tendría que justificar que lo hace para maximizar el valor. El Sabadell defiende su proyecto en solitario
Tras conocerse la decisión del Gobierno, el BBVA trasladó al supervisor bursátil que la está evaluando y declinó hacer cualquier valoración pública.
El Banco Sabadell, por su parte, aprovechó para defender la solidez de «su proyecto en solitario» e instó al BBVA a aportar información sobre cómo impactarán los nuevos requisitos en su capacidad de retribuir al accionista «en el futuro».
Desde que el BBVA lanzó la opa cifró unas sinergias o ahorros de costes de unos 850 millones, sin embargo nunca ha afinado esas cifras en el escenario de que no haya una fusión, algo que previsiblemente tendrá que hacer ahora ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debe aprobar aún el folleto de la operación.
La propia CNMV suspendió esta mañana la cotización de los bancos durante unas horas a la espera de que se conociera la decisión del Consejo de Ministros. Al final, el BBVA subió en la sesión un 2,54 % y Sabadell lo hizo un 0,45 %. Las distintas reacciones
La Comisión Europea recordó que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debería ser «excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas», según un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Tras la decisión del Gobierno, las reacciones se sucedieron, especialmente en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró la noticia porque garantiza la «competencia equilibrada» y los «derechos de los trabajadores, de clientes y de empresas».
ERC expresó su deseo de que las condiciones del Ejecutivo central hagan «fracasar» la operación, de manera que pueda «preservarse el sistema financiero catalán».
El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, reclamó que se establezcan mecanismos de control para que la opa del BBVA sobre el Sabadell no destruya empleos o conlleve el cierre de oficinas de manera «encubierta».
También pidió mecanismos de control la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalana, Pimec, que consideró que las condiciones del Gobierno «abren una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial».
