Moscú, 23 sep (EFE).- El fiscal general ruso, Ígor Krasnov, principal candidato a ocupar el puesto de presidente del Tribunal Supremo, aseguró este martes que ve imposible el restablecimiento de la pena de muerte.
«Mi opinión es firme: esto es imposible, y la postura del Estado al respecto es definitiva. Se basa en las decisiones fundamentales del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa», declaró al intervenir ante el Consejo de la Federación o Senado ruso.
Rusia impuso en 1996 una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, condición indispensable para ingresar en el Consejo de Europa, de la que fue expulsada a principios de 2022 debido a la guerra en Ucrania.
En los últimos años políticos rusos han pedido la pena capital como en el caso de los soldados ucranianos que invadieron la región de Kursk, a los que el Kremlin considera terroristas.
El fiscal, que asumió el cargo en 2020, considera su nominación al cargo de presidente del Supremo como un voto de máxima confianza.
«Ante todo, quisiera señalar que considero la nominación del presidente de la Federación Rusa, mi candidatura al cargo de presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, como una muestra de máxima confianza, una enorme responsabilidad hacia nuestra sociedad y el pueblo», aseguró.
Seguidamente, el Comité sobre Legislación Constitucional y Construcción del Estado apoyó la candidatura de Krasnov para el cargo y recomendó a la cámara su nombramiento.
La semana pasada el Colegio Superior de Jueces recomendó a Krasnov para el cargo, que es nombrado por el Senado por un período de seis años a propuesta del jefe del Kremlin.
El puesto de presidente del Supremo quedó libre en julio tras el fallecimiento de Irina Podnósova, quien fue compañera de clase de universidad del presidente ruso, Vladímir Putin.
El Fondo de Lucha contra la Corrupción, creado por el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, denunció el lunes en una de sus investigaciones que desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 la familia de Krasnov adquirió inmuebles por valor de casi 1.500 millones de rublos (18 millones de dólares).
Además, los activistas señalaron que un apartamento de 304 metros cuadrados cerca del Kremlin y valorado en 760 millones de rublos (más de 9 millones de dólares) estaba registrado a nombre de su hijo de dos años, Mijaíl Krasnov.
Durante los últimos dos años, la Fiscalía General se ha dedicado a formalizar las demandas para la nacionalización de distintas empresas asentadas en Rusia, que posteriormente han sido reprivatizadas.
