Brasilia, 28 mar (EFE).- El caso de la mujer brasileña que se enfrenta a una posible pena de 14 años de prisión por pintar una estatua durante los tumultos golpistas de 2023 se convirtió en el principal instrumento con el que la extrema derecha cuestiona la dureza de las sentencias a los participantes de esos actos.
El juicio a Débora Rodrigues, que empezó hace una semana en la Corte Suprema y cuyos autos públicos EFE revisó, también abrió un debate en la comunidad jurídica y dentro del propio tribunal sobre la proporcionalidad del castigo.
El 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron de forma violenta las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia, en Brasilia, mientras pedían una intervención militar para derrocar el Gobierno.
En una de las imágenes más famosas de aquel día, Rodrigues aparece garabateando con un pintalabios rojo sobre una estatua ubicada frente al Tribunal Supremo y que representa a una mujer con los ojos vendados, símbolo de la justicia.
En otra fotografía se la ve sonriendo y mostrando las manos teñidas de pintalabios a los que la rodean, cientos de personas que participaron en los ataques a las sedes de los tres poderes.
Dos meses después de la pintada, esta peluquera de 39 años y madre de dos niños pequeños fue detenida y encarcelada, como cientos de personas más, en el marco de las investigaciones del Supremo por un supuesto intento de golpe de Estado para anular los resultados de los comicios de 2022.
Desde entonces, 497 personas han sido condenadas por participar en esos actos, con penas de cárcel que van de uno a 17 años.
La peluquera ha estado dos años en prisión preventiva hasta que este viernes un juez del Tribunal Supremo decretó su arresto domiciliario, a instancias de la Fiscalía.
En ese tiempo, la acusada envió a los jueces una carta escrita de su puño y letra en la que afirma que fue a Brasilia porque quería “mayores explicaciones sobre unas elecciones tan revueltas”.
En ella, admite que “en el calor del momento” había cometido ese acto “despreciable”, pero asegura que repudia el vandalismo y que no entró en ningún edificio público aquel día.
Los argumentos de la defensa
En el juicio, la defensa afirmó que Rodrigues no tuvo intención de dañar la estatua y pidió la absolución porque la denuncia no individualiza, más allá de la pintada, las conductas de la acusada que caen bajo los diferentes crímenes que se le imputan.
El instructor del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, presentó el viernes pasado una propuesta de sentencia en la que da por probado que la mujer se unió a las manifestaciones de forma “consciente y voluntaria” y concluye, por esa razón, que esta “buscaba la realización de un golpe de Estado”.
La “individualización detallada” de las acciones de cada manifestante no es viable cuando se trata de crímenes “multitudinarios”, apunta De Moraes.
Por ello, la resolución, que todavía debe ser votada por los otros magistrados, plantea condenar a Rodrigues por cinco crímenes, entre ellos, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal y destrucción de patrimonio público.
La contundencia de la pena propuesta ha sido aprovechada por Bolsonaro, quien está imputado por liderar el intento de golpe de Estado, para alimentar la tesis de que él y sus seguidores son víctimas de una “persecución”.
En el ámbito judicial, también han surgido voces discordantes. La oficina en Río de Janeiro de la Orden de Abogados de Brasil criticó que De Moraes “responsabiliza a todos, indistintamente, de conductas ajenas de violencia”.
Al mismo tiempo, el magistrado Luiz Fux, otro de los integrantes de la Sala que está juzgando a Rodrigues, dijo esta semana que algunas de las penas contra participantes del 8 de enero le parecían “exacerbadas” y pidió más tiempo para analizar las acciones de la peluquera.
Debido a la ampliación del plazo, la Fiscalía solicitó este viernes al Supremo cambiar la prisión preventiva por la domiciliaria para que pueda estar con sus hijos, como ha reclamado la defensa en varias ocasiones, y De Moraes acató la petición el mismo día.
A falta de que voten tres magistrados, la resolución del caso todavía está en el aire.
Jon Martín Cullell
